Por Carlos Tobar

El 11 de noviembre se abrió el partidor para la campaña electoral del año 2018 que, tiene por objeto elegir los senadores y representantes del Congreso de la república, en el mes de marzo y, elegir el próximo presidente de la república en los meses de mayo y junio, esta última si se hace necesaria la segunda vuelta. Es decir, no es una elección cualquiera. Cada 4 años, teóricamente, los colombianos deberíamos hacer un balance del gobierno, de sus ejecutorias, del rumbo del país, de las necesidades sociales, económicas, culturales, ambientales atendidas y, de acuerdo a ese análisis personal, definir las preferencias de a quienes queremos elegir para que nos representen en esos cargos, desde donde se orientará el gobierno en el siguiente cuatrienio.

Si Colombia fuese un país de instituciones fuertes, ese debería ser el comportamiento de la ciudadanía. Ciudadanía, palabra que, significa ejercer a plenitud los derechos y cumplir con los deberes que tenemos como integrantes de la sociedad en que vivimos. Desafortunadamente, el comportamiento electoral del país fue corrompido y deformado por prácticas ventajosas que buscaron –y, lo lograron– mantener privilegios ofensivos de una élite parasitaria. Esa casta política y económica, utilizó el clientelismo en todas sus manifestaciones: puestos, contratos, compra de votos: pagos en dinero, especie (la teja, el cemento, tamales, etc.), feudos podridos controlados por gamonales o ‘líderes’…, para degenerar el sistema electoral que, desde hace mucho tiempo no opera como un factor de derechos de los ciudadanos, sino como fuente de poder para el enriquecimiento ilícito de las élites y sus intermediarios. La deformación extrema del régimen ‘clientelista’ se alcanzó en los dos gobiernos dobles de los últimos presidentes: Uribe y Santos. Al romperse el precario equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos consignados en la constitución del 91, sobre todo en la conformación de órganos tan importantes como el Banco de la República o las altas cortes, cuyos miembros son propuestos por el Presidente, la corrupción un fenómeno que ya carcomía el andamiaje del estado, aupado, además, por las grandes multinacionales de la inversión financiera mundial, adquirió proporciones cataclísmicas.

La “guerra” fue el otro catalizador de la descomposición pública. A su sombra se construyeron imperios económicos y poderes políticos que, también fueron carcomidos por la corrupción, fundamentalmente inducida por el negocio sucio del narcotráfico. Pero, sobre todo, nos quitó 50 años de vida política. A las élites, tipo Uribe, ante cualquier sublevación de sectores sociales afectados, por ejemplo, por las políticas de “libre comercio” de los últimos 30 años: ley 100 en salud, privatización de servicios públicos, flexibilización laboral, marchitamiento de la educación pública, desindustrialización y desagrarización, etc., bastaba con acusarlos de ‘guerrilleros’ para desconocerlos y golpearlos.

Esta es la primera elección, donde las prácticas del viejo régimen político, no obstante, la insistencia del uribismo –que, tiene claro las ventajas de esa táctica– no van a determinar el resultado electoral. Especialmente, por la aparición de la “Coalición Colombia” de la que hablaremos a espacio a lo largo de esta contienda.