El Paro Cívico Nacional no cuenta con respaldo de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, por considerar que son uno de los niveles de La Administración Pública que deben actuar para aplicar la Constitución y la ley, al tiempo que proteger los derechos de toda la Nación.

Como era de esperarse, los conductores de estas 3 entidades, irrestrictos seguidores el Primer Mandatario de los colombianos, por consiguiente, están en total desacuerdo con las expresiones de descontento de los colombianos, pero advierten que la protesta es un derecho reconocido por la Constitución Política de Colombia.

El pronunciamiento amenaza con aplicar drásticas sanciones disciplinarias y fiscales a todo funcionario público que respalde la protesta

Leer también: Jugando con recursos del Estado

El manifiesto

Obedeciendo las directrices del Ejecutivo Nacional los jefes de estas entides nacionales suscribieron un documento, donde precisan la posición frente al movimiento de inconformidad nacional reactivado el 28 de abril

Ese texto señala:

1. La protesta pacífica es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política. Somos garantes y protectores de los derechos humanos de toda la población, por ende, en el marco de nuestras competencias, seguiremos trabajando en el esclarecimiento y la determinación de responsabilidades penal, disciplinaria y fiscal de lo acontecido durante las manifestaciones en Colombia.

2. Los bloqueos u obstrucción a la vía pública no constituyen una expresión de la protesta pacífica, pues violentan derechos y producen daños irreparables a la población.

3. Los bloqueos u obstrucciones en vía pública, cuando están acompañados de la utilización de medios ilícitos, son un delito y atentan contra los derechos humanos de toda la población colombiana; por lo tanto, los perpetradores e instigadores de estos pueden estar incursos en responsabilidad penal. Adicionalmente, si son funcionarios públicos podrían recibir sanciones disciplinarias y fiscales. Estos actos deben ser rechazados por la sociedad colombiana y enfrentados con todas las herramientas legales e institucionales.

4. Hacemos una clara advertencia que todos los niveles de la administración pública deben actuar para la aplicación de la Constitución y la ley, y por lo tanto proteger los derechos de toda la nación.

5. Bienvenidos todos los espacios de deliberación y construcción de acuerdos, pero nunca por vías de hecho que saboteen el vivir de los ciudadanos.

Puede interesas: Demostración de inconformidad general