Por Eduardo Gutiérrez Árias.

Que en muchas movilizaciones y protestas populares se presenten hechos vandálicos con afectaciones al comercio y bienes del Estado y las personas, es algo que difícilmente sus dirigentes pueden impedir, así intenten hacerlo, especialmente en grandes movilizaciones donde la juventud hace presencia masiva y en las que el nivel de indignación popular es alto como las que se vivieron en el pasado Paro Nacional.

Es algo similar a cuanto sucede en una guerra, que siempre está acompañada de violaciones al derecho internacional humanitario, así sus generales intenten impedirlo.

De manera que, así como una buena forma de defender los derechos humanos es impedir las guerras donde ellos son violados, una buena manera de detener los actos vandálicos, es negociar con los líderes de las protestas y movimientos populares, antes que los paros se produzcan, buscando adecuadas soluciones a sus demandas.

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Fue lo que no hizo Duque en el curso de un año, pues el pliego de peticiones de las Centrales Obreras se le envió al gobierno desde mediados de 2020.

El, como buen déspota, creyó que, con policía, ESMAD y ejército, acabaría rápido con la protesta, pero ya vimos lo que sucedió.

Ahora resulta que algunos dirigentes gremiales de Neiva, como el presidente de la Cámara de Comercio y otros, quieren adjudicar a directivos de la USCO la responsabilidad por algunos desmanes sucedidos en los alrededores de la institución.

Están buscando el ahogado rio arriba. El responsable por todo lo sucedido en el Paro y días posteriores, es el gobierno de Duque que no quiso negociar y pretendió resolver el conflicto con represión y bala, dejando el camino lleno de cadáveres, mujeres violadas por la policía, jóvenes sin un ojo por los disparos del ESMAD, miles de heridos y claro, también destrozos causados por una juventud enfurecida por la represión.

La rabia juvenil tiene otras raíces las cuales nunca son mencionadas por la dirigencia de los más importantes gremios económicos de Neiva y el Huila, que siempre tienen una rodilla en tierra ante el gobierno nacional y ante los parlamentarios corruptos.

Ellos esconden que la pobreza monetaria en este Departamento pasó del 37.5% en el 2019 a 42.5% en el 2020, que el desempleo en la región ese mismo año fue del 21%, pero en la juventud alcanzó el 29% y que la informalidad sigue siendo el sistema predominante de empleo en el Departamento llegando al 53.3% de la población laboral.

Hay que respetar los directivos universitarios. Ellos no son policías para resolver los problemas de orden público. Ellos son formadores de profesionales.