Por Tatiana Duarte

Si los condenados por delitos sexuales, cuyas víctimas son menores de edad, tienen ahora la posibilidad de reducir la pena por estudio y trabajo, lo mejor es que a su salida del centro carcelario sean sometidos a la castración química para evitar que reincidan y afecten a más menores.

Este es el criterio del senador Rodrigo Villalba Mosquera, quien rechazó el pronunciamiento de la Corte Constitucional que permite la rebaja de pena para los condenados por este delito, permitiendo que muchos violadores de niños regresen a las calles a seguir delinquiendo.

“No puedo pasar por alto la amenaza que para la sociedad trae el  fallo reciente de la Corte Constitucional, donde determina el derecho de reducir la pena por estudio o trabajo para los condenados por abuso sexual de menores”, asegura.

 La castración química consiste en inyectar el medicamento “Depo-Provera”, que bloquea la producción de testosterona e inhabilita el deseo sexual para impedir que los violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales reincidan.

Este procedimiento no es nuevo, se ha utilizado en el pasado en algunas partes del mundo y en  Estados Unidos se experimentó en seis estados.

Para el senador huilense antes que pensar en cadenas perpetuas, en la pena de muerte o en la resocialización de los condenados que jamás se dará en cárceles como las colombianas, es necesario pensar en una acción que “repare el desafuero  de la Corte Constitucional”.

“Nunca el derecho o los beneficios de los criminales pueden estar por encima del de las víctimas y menos si ésta es menor de edad. Los violadores de niños deben pagar la totalidad de la pena en prisión efectiva porque así lo dice la ley y porque son un peligro para la sociedad”.