Por Aníbal Charry González

A riesgo de volverme monotemático con el procurador Ordóñez, a quien me referí en mi pasada columna; frente a la última de las sandeces que en su perfidia y fanatismo político solo él puede concebir como enemigo irredento de la paz, debo hacer mención nuevamente a este cruzado  de la fe y de la extrema derecha, que ha afirmado sin rubor con asaz perversidad,  que los funcionarios públicos no pueden promocionar el plebiscito por la paz porque implica participación indebida en política que los haría incursos en faltas disciplinarias  según su retorcido criterio que los condenaría además a las parrillas candentes de su férula inquisidora.

No puede ser más dañino y politiquero  este Torquemada que funge en mala hora  de procurador y representante de la sociedad sin que el Consejo de Estado se decida a librarnos de este tormento de la democracia y el Estado Social de Derecho –que se atreve a sostener en forma amenazante haciendo barata politiquería  desde su encumbrado cargo que le daría para ser destituido e inhabilitado de por vida si tuviera juez que lo rondara-, semejante latrocinio constitucional de que los servidores públicos no pueden apoyar la paz en este patológico y violento país, cuando nuestra Carta Política ha establecido en sus artículos 22 y 95 que la paz  no es solo un derecho sino un deber de todos  los colombianos sin distingo alguno de raza, credo o condición social  independientemente de que sea o no servidor público, y que promover la paz es un ejercicio de la más pura estirpe democrática como lo señala igualmente su artículo segundo.

Este inquisidor de redomada mala fe  propia de su desviado tino extremista, quiere vendernos la idea con propósitos estimuladores de la violencia partidista que tanta mortandad nos ha dejado  en Colombia, que participar indebidamente en política es cumplir con nuestros deberes democráticos que por supuesto nada tienen que ver con la que inveteradamente incurren la mayoría de los servidores públicos particularmente en época electoral para favorecer a sus bolsas de empleo políticas y del asalto al presupuesto público como ha ocurrido ahora mismo  con ciertas yerbas regionales, que nos conduce a ratificar sin elipsis que su accionar es de la más hirsuta y perversa politiquería como enconado enemigo de la Constitución, la paz y la democracia.

Sólo en su malévola cabeza y la de sus subalternos bulle la idea leguleya de que para que los servidores públicos puedan apoyar  la paz que es un derecho y un deber constitucional, tenga que aprobarse una ley estatutaria confirmando nuestro nocivo espíritu santanderista de ser un país de leyes que nadie cumple ni hace cumplir, que parodiando a  Alzate Avendaño en memorable indagatoria, nos impele a afirmar que la paz y la democracia quedarán colgadas de los pérfidos  incisos que pretende acuñar el inquisidor Ordóñez para que sigamos sumidos en la violencia que tantos réditos les  ha dado a los jefes políticos de su caletre para mantener su siniestra vigencia política.