El gobierno departamental mediante alianza estratégica de los poderes públicos, legislativo y ejecutivo, definió una política para la atención de las víctimas del conflicto armado, pasando de la retórica a la práctica, considerando que estos connacionales, son importantes para la sociedad regional al tiempo que se visiona el trabajo que deberá efectuarse en el postconflicto.
Las familias erradicadas de sus lugares de origen, son importantes en la sociedad civil y la razón de un esfuerzo para atender, por parte de las autoridades
Esa claridad conceptual, tuvo buena acogida entre la diputación huilense, que aprobó la normatividad para dar vía libre al proyecto de corte social.
Esa voluntad, permite que en el Huila se pase de la simple retórica a la práctica real de atención a las víctimas.
