Durante el primer semestre de 2017 son persistentes las vulneraciones a la libertad de prensa, que van desde amenazas (31%), obstrucciones al trabajo periodístico (15%) y estigmatizaciones (10%), acompañadas de desidia estatal para el establecimiento de políticas públicas en firme, lo que se convierte en el negativo balance que hace la Federación Colombiana de Periodistas – FECOLPER el 4 de agosto, fecha oficial del Día Nacional de Periodista, según la Ley 1016 del 2006.

Tal como lo explicó la presidenta de FECOLPER, Adriana Hurtado, las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Colombia es una situación que “no cambia, pues aunque no se registran muertes, la amenaza es la forma más evidente de querer silenciar. Son frecuentes los anuncios de respeto por la libertad de prensa y saludos en este Día del Periodista por parte de gobernantes, pero en contradicción, los funcionarios y servidores públicos se han convertido en los principales vulneradores en la cotidiana realidad”.

De enero a junio 30 de 2017, la FECOLPER ha documentado 136 casos de afectaciones, con un total de 170 periodistas víctimas; en el 32.4% de los hechos registrados se presume que los responsables son miembros relacionados con el Estado: funcionarios/servidores públicos (19,4%)  y fuerza pública (12.9%), quienes han intentado silenciar a la prensa, motivo que produjo que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  emitiera un comunicado con su preocupación por los episodios de estigmatización y violencia contra periodistas en Colombia e instó al Estado a fortalecer las medidas integrales de prevención, protección y procuración de justicia en estos casos.

Hoy por hoy, sigue siendo muy difícil ejercer el periodismo en las regiones; los departamentos de Antioquia (11.8%), Cauca (9.6%), Valle del Cauca (8.1%), Santander (5,9%) y Cesar (3,7%), puntean como zonas donde la libertad de prensa más se vulnera.

Por otro lado, en 2017, la situación laboral sigue siendo precaria, desde la cual se dan todo tipo de presiones, como abusos y acoso a los trabajadores de la prensa por parte de algunos empresarios de medios, quienes además condicionarían los contenidos para influenciar el otorgamiento o no de la pauta oficial, tal como se ha registrado en pronunciamientos de la FECOLPER  y en otras alertas más recientes como el del Diario El Extra de Boyacá y El Extra Llanos (Meta), ambos del Grupo Editorial El Periódico.

“Sobrecarga laboral, malos salarios, estrés en el trabajo, violencia sexual y censura, hacen parte de las afectaciones a las personas que ejercen la actividad periodística; los periodistas están denunciando y esos nos facilita la documentación; desde 2012 la FECOLPER tiene instalada una mesa con el Ministerio del Trabajo, ahora esperamos  que las autoridades competentes asuman su labor de inspeccionar y controlar para que estas prácticas que van en contravía del trabajo decente se eliminen de las salas de redacción”, afirmó Hurtado.

En el país se empiezan a ganar conquistas laborales, se destaca, como ejemplo el triunfo de SINPRISA (Sindicato de Trabajadores de Caracol Radio y demás empresas de grupo español Prisa), el cual presentó tuvo que recurrir a una querella contra la cadena radial por tercerización ilegal del trabajo, que redundó el mes pasado en una multa por parte del Ministerio del Trabajo a Caracol Radio por  $1.475 millones y dos empresas más del grupo Prisa, con una cifra superior a los $4 mil millones de pesos.

La FECOLPER reitera su complacencia por iniciativas estatales creadas desde el 2012 para garantizar la libertad de prensa en el país: Política Pública para la Libertad de Expresión (coordinada por MinInterior) y Proceso de Reparación Colectiva a Periodistas (Unidad para las Víctimas), sin embargo, continúa advirtiendo que estas se encuentran “congeladas” por trámites administrativos y operativos gubernamentales que hacen que el trabajo durante 5 años, con la participación de varios actores no se haya podido sacar avante. La Federación Colombiana de Periodistas, insiste en afirmar que las vulneraciones a la libertad de expresión no sólo violan la libertad de prensa, sino también el derecho a la información de todos los ciudadanos, por eso vehementemente exige al gobierno nacional su articulación institucional y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el sector.