Tres hallazgos fiscales por $2.509 millones, encontró la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al término de una auditoría.

El informe muestra preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva, inoportuna reparación de las comunidades étnicas.

Con base en ese informe La Contraloría constituyó 8 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia, trasladará a la Corte Constitucional.

Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevar a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?

REVISIÓN

De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.

Pero se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que genera un represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%, lo que significa grave incumplimiento de la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el art. 7 del Auto 206 de 2017, que dice:

“ORDENAR al Director de la Unidad para las Víctimas que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del Departamento Nacional de Planeación, reglamente el procedimiento que deben agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa, con criterios puntuales y objetivos, cuyas fases se deben tramitar en periodos determinados en el transcurso de los seis (6) años adicionales a los inicialmente contemplados, en los términos descritos en este pronunciamiento…”.

Se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa.

El Programa de Reparación Colectiva, sólo el 1% (6 sujetos de reparación colectiva) de los 631 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV), ha sido reparado de manera integral y completa, de acuerdo con las acciones planeadas y concertadas para la reparación, denotando una pobre cobertura al finalizar el 2018.

INCUMPLIMIENTOS

Las metas de reparación colectiva definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan de Acción de la UARIV, presentado bajo avance en el indicador “Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas”, tal como se muestra a continuación:

El Plan de Acción de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de diciembre de 2018, dejó de cumplir 6 de las 11 metas de reparación colectiva planteadas este año:

NO HAY REPARACIÓN PRONTA Y OPORTUNA PARA LAS COMUNIDADES ÉTNICAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL

Las comunidades étnicas que deben recibir tratamiento especial y diferenciado, en las medidas de reparación, de acuerdo con los Decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, no han sido implementados planes de reparación colectiva en su totalidad.

En consecuencia y contra lo esperado de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los miembros de estas comunidades no son reparados de manera pronta, oportuna y eficaz, resultando revictimizados.

El incumplimiento de las acciones y plazos acordados en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), afectan la confianza institucional en los sujetos donde se habían creado expectativas que finalmente no se van a cumplir, confianza que ya se había afectado con el daño colectivo.

FONDO PARA LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y MONETIZACIÓN

La Contraloría determinó que los bienes administrados por el Fondo, no cumplen con criterios de rentabilidad y se observa ineficiencia en la monetización, así como incumplimiento de la normatividad vigente.