Por Eduardo Gutiérrez Arias.

Han pasado tres semanas desde ese lunes 28 de marzo en que un destacamento del ejército colombiano irrumpió en un bazar de la vereda Alto Remanso, a orillas del rio Putumayo en el municipio de Puerto Leguizamo, asesinando a 11 parroquianos que a las siete de la mañana aún permanecían en su fiesta, organizada por la Junta de Acción Comunal, con el fin de recaudar dinero para obras sociales, y el escándalo por la masacre es cada día mayor, llegando a organismos internacionales como la ONU, cuyo delegado en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, solicitó una rigurosa investigación de los hechos.

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También la prestigiosa ONG, Human Right Whatch, envió delegados a la zona y reclamó del Estado un esclarecimiento de lo sucedido.

La información dada por el Presidente Iván Duque, el Ministro de Defensa, Diego Molano y el comandante del ejército Eduardo Enrique Zapateiro, de que se trató de una operación legítima con el cumplimiento de protocolos de derechos humanos para combatir el frente 48 de las disidencias de las FARC, no ha recibido ninguna credibilidad ni en Colombia ni en organismos internacionales.

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Que personas conocidas en la región, incluso por sus autoridades municipales como el gobernador del Cabildo Indígena Kiewua de Bajo Remanso, Pablo Panduro, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Remanso, Didier Hernández, su esposa Ana María Sarrias, un menor de edad y una señora embarazada, ahora aparezcan como integrantes de un grupo narcotraficante y terrorista, no resulta fácil de creer, especialmente en nuestro país donde los falsos positivos y las masacres se volvieron una terrible y permanente realidad.

El presidente Duque fue invitado en días anteriores al Consejo de Seguridad de la ONU y de paso se opuso a que una delegación de víctimas de nuestro conflicto armado pudieran hablar en el mismo evento en una muestra de su despotismo y ausencia de cualquier respeto por quienes tanto han padecido esa guerra no declarada que sufrimos desde hace tanto tiempo.

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Pero el delegado de Rusia respondió su informe con tremendo regaño por el incumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC que se refleja en los más de 300 exguerrilleros asesinados después de los acuerdos, en la ausencia de programas sociales para los 8.000.000 de desplazados, en el ningún avance para otorgar tres millones de hectáreas a cerca de 500.000 campesinos despojados de sus propiedades en los años de violencia.

Con gran paciencia le explicó a Duque que una cosa eran los Acuerdos de Paz, de los cuales la comunidad internacional es garante, y otra bien distinta su programa de paz con legalidad.