Por Carlos Tobar

Si tuviésemos que hablar de gobiernos malos, los neivanos no tendríamos contendor: seríamos los campeones mundiales. Uno tras otro, los sucesivos gobernantes elegidos, a lo largo de los últimos 20 años, se han ido superando en su infinita capacidad para destrozar y esquilmar la ciudad. No se escapa ninguno. La constante ha sido la malversación de los fondos escasos del municipio para ir a engordar los patrimonios de los alcaldes y su círculo cercano de burócratas y, de los contratistas de bolsillo escogidos para transferirles los dineros robados. La forma para hacer esta trapisonda, los famosos ‘macroproyectos’ que, no son más que ‘macrocontratos’, adjudicados manipulando las leyes de contratación pública a través de convenios interinstitucionales, pliegos de condiciones con nombre propio, fraccionamiento de contratos, etc. Mil y una formas, altamente refinadas. Todas la ‘ías’ lo saben. Es más, según el cotarro público participan de las coimas que se reparten a funcionarios de municipios, gobernaciones o entes del orden nacional, curadurías, intermediarios, corporaciones autónomas, interventores…, que hacen parte de esa “asociación para delinquir” en que terminó convertida la administración pública. Toda ella hiede, incluida la administración de justicia.

La gota que ha rebosado la copa de los neivanos, es el segundo desplome que se ha presentado en la, tristemente célebre, remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid que ha terminado convertida en una tumba. En esta ocasión el siniestro ha cobrado la vida de cinco obreros y heridas graves a nueve más, fuera de las pérdidas económicas y, sobre todo, de la credibilidad en la calidad de la obra que puede terminar en una verdadera catástrofe si llegare a fallar con público en sus graderías. Tal parece, como muchos han denunciado incluido el gobierno nacional, que en el afán de contratar esta obra multimillonaria –el contrato inicial tuvo un valor de 21.200 millones de pesos, con una adición posterior de 7.684 millones de pesos y, ahora están pidiendo entre 4 y 5 mil millones más para terminar la primera parte contratada– el gobierno del alcalde de la época, Pedro Suárez, no realizó los estudios y diseños completos necesarios para una construcción de tal envergadura. Lo que siguió, fue la adjudicación del contrato con una o varias de las modalidades reseñadas arriba, para garantizar las ‘macrocomisiones’ que son en últimas los verdaderos objetos de este sistema. Este elefante blanco, tiene con los pelos de punta al mismísimo gobierno nacional –sí, el mismo que tiene a sus espaldas súper-macrocontratos como el de REFICAR–, que a través del DNP con su director a la cabeza estuvo en Neiva, el día anterior al desastre, acompañado por el gobernador y el actual alcalde de Neiva, llamando la atención del despropósito contractual que aquí está ocurriendo. Reacción que se produjo porque la Contraloría General de la República, en informe reciente, había hecho la misma denuncia.

‘La cereza del pastel’ en esta historia de corrupción y muerte, la puso el excalde Pedro Suárez, quién en declaraciones recientes para un medio escrito de la región afirmó  que, “querían un estadio BMW con presupuesto de Renault 4”. Nos espetó en la cara que fue un contratico en sus justas proporciones, que al contrario deberíamos agradecerle por su extraordinaria gestión.

Los ciudadanos solo pedimos que las ‘ias’, encabezadas por la fiscalía, por una vez en su vida, entren a investigar con seriedad, conocimiento, diligencia, prontitud y eficacia este contrato que ejemplifica la corruptela que pulula como epidemia. Y que la justicia actúe en consecuencia, porque el andamiaje de jueces y juzgados son, para preocupación de la opinión pública, una fuente importante de la impunidad que campea ‘como Pedro por su casa’.

El alcalde actual, que parece haber hibernado ya casi ocho largos meses sin percatarse del desastre del que se hizo cargo, está en mora de pegarle un timonazo a la inercia administrativa que recibió. Si no actúa en consecuencia, el tremor que sacude las bases mismas de la administración municipal, amenazará con aplastar las ‘buenas intenciones’ con las que –nos dice– asumió el cargo. Que no olvide que ‘de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno’. La revisión del contrato de marras es una obligación que no puede soslayar.