Por Carlos Tobar
Dos hechos, uno acaecido en nuestro país, productor de sustancias psicoactivas –particularmente cocaína–, la confrontación campesina e indígena contra el programa de sustitución de cultivos ilícitos y, el otro la declaratoria del gobierno de los EE.UU. de la epidemia de opioides que agobia a la sociedad norteamericana, marcan los más recientes aconteceres de un problema social que desajusta sociedades en el mundo de hoy. No es un problema cualquiera, como que deja a diario, por diversas circunstancias, pérdidas de vidas, miles de enfermos por adicción, crimen a gran escala, familias destrozadas, pero también cifras multimillonarias del que es, tal vez, uno de los negocios ilícitos más jugosos.
Son sucesos de los dos extremos en la cadena del sucio negocio del narcotráfico que, ponen en evidencia no solo la complejidad del problema sino, el desenfoque de la política que se ha venido aplicando. De un lado, los miles de campesinos entrampados en una actividad que, por la crisis agraria del país, deben realizar ante la ausencia de alternativas económicas rentables. Por el otro, las decenas de miles de muertos por la adicción a los psicotrópicos.
Cuando se revisan los detalles de esos hechos, encontramos que la política antidrogas que se aplica, dictada por el gobierno de los Estados Unidos, es incoherente, incompleta, insuficiente y farisaica. La prohibición de la siembra, el comercio de la hoja, su procesamiento hasta obtener la cocaína, el tráfico internacional del alcaloide, es decir, la persecución de la oferta desde los países productores o comercializadores hacia los grandes centros de consumo en Norteamérica y Europa, se estrella con la realidad de una demanda fuerte y sostenida que hace ese negocio, altamente lucrativo. Así, corromper fuerzas policiales, fiscales y jueces, autoridades en todos los sectores y de todo nivel, gobiernos completos, reclutar ejércitos particulares…, es tarea fácil: el dios dinero todo lo puede.
Pero, sobre todo, es farisaica si se revisa que la “epidemia de opioides” que azota a la sociedad norteamericana es causada, principalmente, por medicamentos legales, producidos por las grandes empresas farmacéuticas de ese país. Del total de personas muertas en el año 2016 más del 50% fue a causa de ese tipo de medicamentos, mientras las sucedidas por sobredosis de cocaína, escasamente alcanzaron el 10%. Eso quiere decir, que el problema es más de origen interno en los Estados Unidos, lo que no obsta para que el gobierno de Trump, nos esponje las narices amenazándonos con medidas punitivas. Además, en el caso del tráfico de la cocaína el 90% del total del negocio se queda en el país consumidor, donde no hay un solo capo capturado, ni un lavador de dineros ilícitos perseguido, ni control alguno en el sistema financiero en el que se mueven esas sumas fabulosas.
Hagamos la siguiente reflexión final: cuando los Estados Unidos no producía marihuana y parte de su consumo era abastecido por producción colombiana, se perseguía con severidad su siembra y comercialización. Hoy, cuando ese país se autoabastece, la producción interna se ha ido legalizando, generando entre otras cosas no solo empleos en el sector, sino importantes ingresos fiscales para los estados donde se permite su cultivo. Más claro no canta un gallo. La política antidrogas de Colombia debe ajustarse a las realidades y necesidades de los colombianos.
