Por Carlos Tobar.
Cuando se estaba discutiendo la regresiva reforma tributaria –aprobada por el congreso a finales del año pasado–, varios analistas señalamos que una de las consecuencias más nocivas de ella, iba a ser la reducción sustancial del consumo. Transcurrido el primer trimestre los resultados de las ventas, en el conjunto de la economía, son deplorables. La disminución de la demanda de los consumidores, en la casi totalidad de los rubros, ha llevado a una reducción efectiva de más del 7%. La caída en la actividad industrial es, de manera similar, superior al 3%. Ambos, son datos que se reflejan en el estado de ánimo de un aparato productivo que, desde el año pasado, viene cayendo de forma peligrosa para la estabilidad económica del país.
No hay que ser un connotado economista para percibir tal estado de cosas. Las amas de casa con las que comparto en los puntos de venta de alimentos o artículos de aseo, como también los proveedores minoristas de los bienes de primera necesidad que a diario consumimos los colombianos: fruvers, tiendas, ventas de cárnicos e incluso supermercados, dan cuenta de la tendencia alcista de costos que puede representar, en el mejor de los casos, aumentos cercanos al 30% frente a los precios del año anterior. Cuando alguien, tiene que recortar en un tercio el volumen normal de compras, sobre todo de alimentos, se está configurando lo que coloquialmente llamamos “una apretada de cinturón”. Pues bien, eso es lo que está sucediendo en el diario transcurrir de las familias colombianas; y ya no solo las de más bajos ingresos –que la deben estar pasando duro– sino en amplios sectores de la clase media.
Que esta situación era previsible es un hecho de a puño que, el único que no quiso verlo fue el gobierno nacional, empezando por el arrogante ministro de Hacienda y el presidente Santos. A estos personajes, no les importaba nada diferente que cuadrar caja para garantizar los pagos a los grandes prestamistas del estado. La obligación de garantizar los pagos de intereses y capital de la deuda pública y privada en el gran negocio financiero, fue su gran preocupación al forzar cambiar la fuente de ingresos por impuestos, de la participación en el negocio petrolero ante la caída abrupta de los precios, por el aumento del IVA en los bienes de consumo popular. Eso era lo que exigían las calificadoras de riesgo (Fitch Ratings, Standard an Poor’s, Moodys), los gendarmes del gran capital; y eso fue lo que obtuvieron. Hoy los negocios de estos tiburones internacionales de las finanzas van “viento en popa”, mientras los descaecidos consumidores pasamos “las duras y las maduras” para mantener lo que, ya apretadamente, consumíamos en el año anterior.
Que ahora, vengan a decirnos que todo se puede solucionar si el Banco de la República reduce las tasas de interés interbancarias –que también subieron para garantizar la estabilidad de los negocios financieros–, no pasa de ser un mal chiste. La verdad es que el modelo económico de libre comercio, que se fundamenta en garantizar los negocios de “la confianza inversionista”, sin importar si el aparato productivo industrial, agrícola, de servicios…, la fuente verdadera del trabajo y el capital nacionales, pueda tener condiciones favorables para su normal desarrollo, está haciendo agua. Ciertamente, no solo en nuestro entorno; este es un mal universal: sino ¡que lo diga Trump!
