Por Aníbal Charry González.

Que causa vergüenza a la sociedad de acuerdo al significado de la palabra en el diccionario de la Lengua Española. Y  es exactamente la que tenemos en este país de los más despreciables criminales,  que no es  por cuenta de los jueces que administran justicia como cree la mayoría de la gente, pues solo están sometidos  al imperio de la ley en sus decisiones, sino precisamente por las leyes permisivas e indulgentes con la delincuencia que se fabrican en el Congreso de la República, especialmente con la  de cuello blanco, donde sus autores previendo que puedan ser procesados por la justicia por sus fechorías como tantas veces lo hemos visto, las crean con el propósito de resultar beneficiados con ellas como garantía de impunidad, y que tienen que aplicar inexorablemente los jueces so pena de prevaricar.

Y el más descollante ejemplo de esa justicia vergonzosa que tiene indignada a la sociedad actualmente, lo constituye la irrisoria “condena” proferida contra el denominado “Zar” del Plan de Alimentación Escolar (PAE), Germán Trujillo Manrique, que después de haber constituido una asociación para delinquir con nexos con la actividad política -que en nuestro país de suyo es una actividad criminal-, para robarse la plata de la alimentación de los escolares desviando los fondos de un contrato de más de 35. 000 millones de pesos, terminó siendo premiado por robar en grande como lo permite nuestra legislación penal con 36 meses de prisión,  después de estar fugitivo varios meses, y de ñapa agraciado por su despreciable crimen con apartamento lujoso por cárcel, mismo adquirido con los dineros destinados a la alimentación escolar.

No faltó sino que lo condecoraran con la ya envilecida Cruz de Boyacá por semejante fechoría con categoría de delito de lesa humanidad, que en otras latitudes le hubiese representado condena a pena  de muerte por tratarse de una auténtica atrocidad la de robarse la plata destinada a la alimentación de los niños, como bien lo dijo el contralor general Felipe Córdoba, pero aquí producto de esa legislación penal indulgente con los más viles delincuentes, no es más que una pilatuna de la clase política que merece ser premiada con fundamento en el Código de Procedimiento Penal con esta serie de gabelas como la de aceptar cargos, que le significa de entrada  una rebaja de hasta la mitad de la pena, de tal manera que al final fácilmente el Estado le queda debiendo libertad.

Porque hay algo que tienen absolutamente claro los delincuentes de cuello blanco como los dos grandes negocios de su vida en este desventurado y corrupto país: el primero, saquear al Estado; y el segundo, negociar con la justicia si son descubiertos para que los trate con benevolencia al extremo de la impunidad para sus crímenes, pues basta con confesar y devolver una suma ínfima de lo robado como lo hizo Trujillo Manrique y lo han hecho tantos otros, para después salir a disfrutar de lo robado. Por eso  aquí nunca habrá una  política criminal que sancione ejemplarmente estos abyectos delincuentes, cuyos latrocinios como sabemos sirven para financiar las campañas políticas de nuestros gobernantes.