Por Marcos Silva Martínez.

Los resultados de la Administración pública y sus proyectos de infraestructura, cada día generan más insatisfacciones e ineficiencia de la inversión.

Los  proyectos de infraestructura, debe soportarse en estudios y diseños confiables y  la alternativa más económica y segura en el corto, mediano y largo plazo y deben constituir identificación  ética y de idoneidad profesional de los responsables. Contratante y contratista.

Abundan fracasos y frustraciones, con las obras ejecutadas,  imputables a irresponsabilidad administrativa, técnica  y corrupción. Es una de las formas de   despilfarrar el recurso público, sin satisfacer la necesidad social, ni constituir aporte real al desarrollo local, regional y nacional.

La  irresponsabilidad e incapacidad profesional frecuente y la endemia de la corrupción, se  imponen sobre el interés social colectivo.  Los resultados y    frutos de las universidades de garaje, ya dejan su impronta. El  análisis de factibilidad y de costo del proyecto, el proceso de selección del contratista e interventor, en muchos casos parece que obedeciera al propósito de malbaratar el recurso público, en beneficio de intereses particulares.

El problema se magnifica cuando la entidad pública, carece de funcionarios idóneos, capaces de revisar, con responsabilidad técnica el proyecto, para su aceptación y recibo.

Más grave, cuando se recurre al sistema de contratar, con el mismo contratista, estudios y diseños y ejecución de la obra. Este sistema, con la inmoralidad, frecuente en la contratación, da al traste con los presupuestos y magnifica los sobrecostos, bajo artificiosas justificaciones técnicas, avaladas con  corrupción y  politiquería. El fin justifica los medios, en el estado de opinión de Uribe.

Los instrumentos legales, finalmente protegen al contratista.   El régimen corrupto imperante,  y las leyes que lo soportan,  auspician dichas  prácticas, que tipifican nuestra  cultura oportunista y mafiosa.

Las Leyes que  rigen la contratación, parecen concebidas  para facilitar maniobras  contractuales (leyes, FONADES, SECOOPs, etc.)   y  obtención de canonjías económicas y dividendos politiqueros. Puede parecer sin importancia el tema. La irresponsabilidad e inconsciencia nos condena a padecerlo.

El caos y anarquía contractual y la desbordada corrupción, hacen perder miles  de millones,  que   privan a los colombianos de  beneficios esperados.

Neiva y el Huila, exhiben casos a porrillo. Estudios y diseños para la optimización del acueducto, El Reservorio.  Tanques  de almacenamiento de agua 30 mil m3.  Plantas  de tratamiento.  Alumbrado  público. MERCANEIVA. PTAR Ramírez-Suarez-Lara. PTAR de municipios fallidas. Distritos  de riego. Tizón. Manejo  integral de residuos sólidos, supuestos intercambiadores, etc.

En la pista hay costaladas de candidatos, para el próximo periodo. ¿Se habrán detenido a  pensar en lo que significa gobernar con responsabilidad y en beneficio de los Ciudadano? ¿El elector sabe quién  es el responsable del debacle administrativo nacional, regional y local?.

El perverso Suarez dejó una estela de desastres contractuales, entre ellos, la falacia de los intercambiadores viales y el Sr.  Lara no ha tenido quién le informe que no es un intercambiador, que es un simple paso elevado a precio de oro. Similar ocurre con el sofisma de la PTAR. Es una falacia engañosa, técnica, ambiental  y económicamente.

¿Y los candidatos para el próximo periodo, seguirán con los mismos criterios, ante la certidumbre que cada gobernante resultó peor que el anterior?.