Por Aníbal Charry González

Al dar a conocer el Ministerio de Salud, el borrador de resolución que sentará las bases para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en acatamiento a una orden de la Corte Constitucional en los 3 casos despenalizados ( cuando peligra la salud o la vida de la madre, o se presenta malformación del feto incompatible con la vida, o cuando el embarazo es producto de violación); no deja de ser una intromisión indebida de los sectores religiosos encabezados por la Iglesia católica en los asuntos del Estado, al cuestionar insólitamente su competencia para el efecto, argumentando con desconocimiento de nuestro Estado social y democrático de derecho, que la Corte está sustituyendo las funciones del cuestionado Congreso, que no pocas veces en casos espinosos como este, se ha negado a legislar por temor al confesionalismo religioso.
Y es que no cabe duda que incurre en una exageración fanática e incendiaria la afirmación de monseñor Juan Vicente Córdoba, de que la Corte Constitucional con su jurisprudencia sobre el tema, lo que ha hecho es “decir que lo que era un delito se convirtió en un derecho”, agregando de mala fe que está usurpando además las funciones del Congreso, cuando está claro que en un Estado constitucional como el nuestro, la Constitución es lo que diga la Corte como su máximo intérprete por disposición del constituyente primario, teniendo sus decisiones efectos para todo el mundo de obligatorio acatamiento, que no implican por supuesto invasión de las funciones legislativas.
Claro que el Ministerio de Salud, sí tiene competencia para hacer la reglamentación en el caso del (IVE) como se ha dicho, pues se trata de cumplir una orden de la misma Carta Política por intermedio de la Corte, por razones de realidades humanas y de defensa y protección de derechos fundamentales, con el fin de que no se impida el acceso de miles de mujeres a este procedimiento, que ha traído como lo ha reiterado la misma Corte, consecuencias irreversibles y fatales en no pocos casos de práctica indebida del aborto con grave peligro para su salud, y por eso es que el Ministerio con razón manifiesta que la salud de la madre está por encima de cualquier postura personal.
No pueden insistir los grupos religiosos y la Iglesia católica para oponerse radicalmente a las decisiones del Estado, anteponiendo cuestionables verdades eternas con invocación de Dios como supremo hacedor de la vida así sea en circunstancias de crueldad como lo vemos en la realidad mundana que desdicen de su autoría, cuando de lo que se trata es de hacer prevalecer ese Estado constitucional para la defensa y protección de elementales derechos humanos, que están por encima de cualquier posición personal o religiosa.
ESCOLIO. A VOTAR. En medio del más agitado ambiente de guerra sucia, violencia y corrupción de los últimos tiempos, llega a su final la contienda electoral, y el llamado es a votar por la decencia en la política para no seguir siendo cómplices de la corrupción que arrasa con el país. Por eso lo haré para la Gobernación por Luis Enrique Dussán López.