Por Marcos SIlva Martínez 

El tema puede parecer repetitivo, pero es de tanta trascendencia para el bienestar de las naciones 

que la única alternativa es responder a esos imperativos.    

Fortaleza  y coherencia institucionalidad son determinantes en el desarrollo de las naciones y la convivencia ciudadana.  

El rezago educacional-cultural, industrial-comercial y socioeconómico de Colombia,  es consecuencia directa de la incoherencia y precariedad  institucional e insolvencia en equidad socioeconómica, en el ejercicio del poder y  la política.  

Cuando los partidos políticos, se convierten en empresas electorales, dedicadas a cosechar dividendos del poder y del presupuestal oficial, la política se convierte en politiquería y el poder público lo copta el clientelismo. Es lo que ocurre en Colombia.  

Esos efectos se mitigan con políticas garantes de desarrollo económico-social equitativo.  

Bajo la institucionalidad vigente y la inconsistente,  precaria y controvertida legitimidad  jurídica,  actúan los órganos de poder, frecuentemente con resultados favorables a oscuros  intereses.  

Los hechos son tan evidentes y por eso la gente no cree en  la justicia. Hay impunidad general. Más del 97% de los casos denunciados, están cubiertos por la impunidad.  

Es inocultable el festín del patrimonio público. A sus autores y gestores  no  les pasa nada. La corrupción permeó todos los órganos de poder. Se es corrupto por acción u omisión. Hay casos a porrillo, en todos los gobiernos.   

¿Se justificaba la venta  de ISAGEN? ¿Se justifica la feria del patrimonio público? Refinería de Cartagena, Ferrocarriles, Flota mercante, patrimonio del  Seguro Social, el carrusel de las concesiones viales,  peajes  y vías 4G, Transmilenio, el criminal negocio de la salud, Colombia humanitaria, Vigencias futuras, ECOPETROL, dragado del Río Magdalena, Termo-eléctricas, ELECTRICARIBE, leyes del embudo tributarias, negociados contractuales en departamentos y municipios, carrusel de la hemofilia y el SOAT, etc., etc. Todo  lo facilita la precaria institucionalidad vigente y la perversidad del poder. Lo público robado, engrosa el patrimonio particular.  

El imperio de la burocracia mediocre, seleccionada por politiquería y corrupción y soportada en la   inconsistente y caótica  institucionalidad, permite y auspicia la designación y accionar de burócratas taimados, como el ex –Procurador, el calculador oportunista y perverso ex -Fiscal de la Nación, con omnímodos poderes burocráticos y presupuestales. La Fiscalía: con más de $30 billones de presupuesto anual. Más de 28.000 funcionarios, con menos del  50% de carrera y el resto para el festín burocrático, mientras la criminalidad acorrala a los ciudadanos. Así esta Colombia. 

Las maquilladas y perversa reforma del sistema del criminal negocio de la salud, desde las leyes estatutaria y ordinarias, bajo el espíritu incondicional  de  protección de intereses de EPSs, generaron el colapso del sistema, pero el gobierno no se atreve a corregir de raíz el problema porque el poder  de los carroñeros de la salud es gigantesco. 

La alharaca para hacer de Colombia la más educada, sin  menguar los intereses del negocio privado de la educación, es una falacia. Son políticas responsables de la pésima calidad y desarticulación con los requerimientos del desarrollo. 

La calidad de la educación seguirá cada día peor. Es un negocio y el régimen lo garantiza.  

La sumisión vasalla de ministros designados coadyuva y profundiza  el desastre integral educacional. No obstante ser la educación el fundamente básico e insustituible del desarrollo de las naciones.  

En lo económico, ante la crisis fiscal del estado y socioeconómica nacional, los gobiernos  solo encuentran,  imponer  reformas tributarias soportadas  en más IVA y más tributación de asalariados, pero con más rebaja de impuestos al sector empresarial. Todo para asegurar  mayor concentración de riqueza en pocas manos. Son criterios preferidos por gobiernos de extrema derecha como el de Duque-Uribe.  

El 1% de los colombianos es dueño de 99% la riqueza jurídicamente  legalizada.  

El cáncer de la corrupción, el Régimen evita derrotarlo, porque es la fuente de ingresos y enriquecimiento  de   politiqueros, burócratas y élites empresariales.  

La politiquería y el clientelismo vive de orgía en orgía con el reparto de la burocracia, en todas las instancias del poder, para garantizar el tráfico de influencias y saqueo de lo público. Hacienda, planeación (don peligroso Carrasquilla), transporte, salud, etc.   

La contratación pública, soportada en la precariedad institucional, la irresponsabilidad político-administrativa, el populismo oportunista y politiquero y la impunidad fiscal y judicial, facilita el saqueo de los recursos públicos.  

Son lacras institucionales que deben erradicarse  para poder cimentar la equidad socioeconómica y estructurar y lograr desarrollo nacional efectivo.   

Solo derrotando la corrupción, la politiquería y el clientelismo, es posible  estructurar un marco jurídico y poder público, capaces de desarrollar y garantizar reformas para construir políticas de estado, garantes y capaces de solucionar el atraso y el conflicto socioeconómico nacional.   ¿Será posible?