Hoy nos embarga no una pesadilla, sino una realidad ambiental en destrucción. Un progreso no sostenible, alimentado por la codicia de grupos humanos, desentendidos de las afectaciones a la madre naturaleza que podría pasar cuenta de cobros definitiva y cuenta si no lo controlamos.
El Atlas Global de Justicia Ambiental, nos ubica en el trágico segundo lugar con 72 conflictos significativos, de 1.000 en el mundo. Las distintas explotaciones, ganadería, agricultura, grandes obras, fumigaciones, despilfarro y contaminación del agua y medio ambiente, producciones y consumismo; sin orden y control de los gobiernos, nos ha conducido a flagelos de inundaciones, sequías, incendios, tsunamis a nivel mundial, etcétera, con desapariciones de poblaciones, otrora prósperas.
El modelo económico, en buena parte extractivo, ha contribuido a nuestros padecimientos.
De acuerdo a Reseña de Colombia, Universidad del Valle, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el profesor Mario Pérez, se crearon el 63% de los conflictos ambientales. Se repartieron páramos, parques, humedales. Los títulos mineros aumentaron de 2.000 a 8.000. El gobierno actual continúa por las sendas anti-ambientalistas. El 53% de la población no tiene acueducto, el 82% no posee alcantarillado. A pesar de ser Colombia potencia mundial hídrica, nos toca vivir tragedias como la del Casanare.
La aridez ha alcanzado una extensión de 276.000 hectáreas, dejando miles de cadáveres de animales afectados por una prolongada sequía. El invierno arrasador de Unguía (Chocó), cuya ayuda llegó después de ocho días. Las canteras del sur de Bogotá, impactan al río Tunjuelito. La minería ilegal ha arruinado el río Dagua en el Valle del Cauca. La Drummond ha afectado gravemente la población y el medio ambiente en el Cesar y Santa Marta. El glifosato utilizado en la erradicación de cultivos ilícitos causa enfermedades a los pobladores y destruye plantas y animales. En fin, los numerosos casos de caos son extensos y letales. A frenar el mal, con normatividad protectora, funcionarios expertos y ciudadanos cultos y responsables para evitar el infortunio definitivo (Revista SEMANA. Edición Nº. 1667. Omar León Arango, Medellín)
