Por Carlos Tobar

Si hay una mezcla más explosiva que la del alcohol y la gasolina –que tantas muertes y percances produce en el día a día de nuestras sociedades–, esa es la de religión y política. Es tan siniestra esta mezcla que la ideología liberal del Estado, terminó desarrollando e imponiendo  el principio de la separación total de la Iglesia y el Estado. Fueron siglos de duro batallar para sacar de la arquitectura institucional a la religión, dando origen al estado laico que hoy domina el panorama político del mundo. Desde la edad media, cuando la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, llegó a dominar buena parte del mundo civilizado, consolidado como un poder temporal que convalidó imperios de reyes y príncipes absolutos, las revoluciones burguesas se propusieron separar esos dos poderes: los temporales de la sociedad toda y, los intemporales de los credos religiosos. Se hizo así, porque las guerras de corte religioso fueron innúmeras, violentas, de una barbarie que horrorizaba la inteligencia y, sobre todo, fuente de negación de los más elementales derechos del hombre. Precisamente por eso, no fue gratuito que la bandera ideológica de esa batalla fuese la reivindicación de los derechos humanos.

En Colombia, después de haber atado al Estado a la religión católica, mediante el Concordato de 1887, durante casi un siglo la conjunción de estado e iglesia fue un factor distorsivo de las relaciones políticas, sociales y culturales de la nación. La guerra civil de mediados del siglo XX –la cruel guerra entre liberales y conservadores–, fue alimentada por la intolerancia religiosa. Finalmente, dando un paso hacia la laicidad del estado colombiano, en 1973, la separación de los dos poderes se plasmó en la legislación colombiana. Aunque el nuevo concordato dio privilegios excepcionales a la iglesia católica. Posteriormente, en la Constitución del año 1991, se reafirmaría ese precepto  estableciéndose la libertad de cultos como norma institucional. Una imprecisa legislación sobre la aplicación de esta norma, ha llevado a que una parte de las iglesias cristianas, incluyendo a parte del clero católico-romano, confundan esa liberalidad con el “derecho” de participar activamente en política partidista. Dándose el caso de que algunas de ellas no solo tienen iglesia, sino partido político. Por la naturaleza confesional de las religiones, sus dogmas de fe se vuelven excluyentes frente a quienes tienen interpretaciones, conceptos y prácticas diferentes. Uno de sus objetivos es “convertir a los infieles”: la denominada campaña evangelizadora. Válida esta acción religiosa en un estado social de derecho –siempre y cuando se ejerza a través de la argumentación que no de la fuerza o la coerción–, debe ser totalmente independiente de la función estatal de regular las relaciones entre todos los ciudadanos, sin excepción alguna. Básicamente, porque el estado tiene la obligación de garantizar el acceso al conocimiento y la práctica social en todos los campos de las ciencias, las artes, las formas de vida, etc., sin restricción alguna. Otra cosa, es que las iglesias tengan la libertad plena para, en sus cultos, difundir las creencias particulares a sus fieles.

Yo sé que el tema es difícil de tratar, pero viendo los últimos hechos de la vida nacional, esta discusión está en mora de librarse, so pena de que en un futuro que puede ser el presente, tengamos en Colombia confrontaciones violentas de las que nos arrepentiríamos por muchos años.