Un ataque frontal contra la parte más débil de los transportadores de carga por carretera, lanzó el gobierno nacional por intermedio de la Superintendencia de Puertos y Transportes, para debilitar al máximo el paro nacional que 40 días consecutivos se cumple en el país.

El poder central aprovechó ciertas circunstancias derivadas del movimiento gremial, para irse lanza en ristre, con todo su potencial, comenzando por atacar la licencia de transporte de organizaciones y propietarios de vehículos partícipes del momento.

DETERMINACIONES

Suspensión inmediata de licencias de tránsito a 977 vehículos de transporte de carga. El listado con las 977 placas –que puede ser consultado en el portal www.supertransporte.gov.co  fue remitido al Ministerio de Transporte, para realizar el registro de estos vehículos en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El análisis de comparendos emitidos por la DITRA, permitió a la SUPERTRANSPORTE ordenar medidas cautelares consistentes en la suspensión de la licencia de conducción –mientras persistan los bloqueos viales– a 321 conductores de vehículos de carga vinculados a infracciones que presuntamente alteraron la movilidad en el país durante el último mes.

La entidad abrió investigaciones en contra de 6 propietarios de vehículos de carga que presuntamente facilitaron la violación de las normas de transporte al obstruir las vías públicas –infracciones documentadas– impidiendo así la prestación del servicio público de transporte de carga, valiéndose de la infraestructura de transporte para afectar el derecho a la movilidad.

Los propietarios de vehículos de carga investigados se exponen a sanciones hasta de $482 millones.

CASTIGO AL GREMIO

Gremios de transporte de carga, investigados por presunta afectación en la prestación del servicio, según la SUPERTRANSPORTE, por convocar, promover, facilitar e incitar a empresas y propietarios de vehículos de servicio público de transporte terrestre de carga –y demás personas que utilizan la infraestructura de transporte– a abstenerse de prestar el servicio e impedir su prestación por parte de otros.

Hasta el momento, la SUPERTRANSPORTE halló mérito para abrir investigación en contra de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), y se espera abrir nuevos procesos administrativos, luego de finalizar la revisión de todo el material probatorio.

Los gremios infractores se exponen a una sanción hasta de $482 millones, si una vez finalizada la investigación se comprueba que facilitaron la afectación del servicio público de transporte terrestre de carga en Colombia.