Un total de 267 fallos con responsabilidad fiscal por $2,1 billones produjo la Contraloría General de la República, desde 2012 al 2018, por malos manejos de recursos del sistema general de salud, como consecuencia de la corrupción en estos últimos 8 años.

En ese lapso se han declarado un total de 437 responsables fiscales (322 personas naturales y 115 personas jurídicas), según, José Antonio Soto Murgas, Contralor Delegado para el Sector Social.

Las principales causas de esa degradación fiscal son:

• Recobros no justificados.
• Adquisición de bienes o elementos no relacionados directamente con la prestación de servicios.
• Sobrecostos de medicamentos.
• Duplicidad de registros en bases de datos.

Las más recientes auditorías revelan que los  recursos de las UPC, se destinan a gastos de administración y a bonificaciones en cabeza de funcionarios de estas EPS, particularmente algunas reconocidas a nivel nacional y de reciente creación.

OTRAS CIFRAS Y ACTUACIONES

Los montos involucrados en las investigaciones, en el período 2012-2018, suman $5.6 billones, en 2.388 procesos. La CGR recuperó $179 mil millones dentro de un universo de 829 procesos abiertos.

Un total de 187 procesos de responsabilidad fiscal han sido abiertos a partir de denuncias de la ciudadanía y en la actualidad, en la etapa de cobro coactivo, hay 82 procesos, para recuperar $1.4 billones.

La Contraloría desplegó actuaciones para perseguir de forma directa el patrimonio individual de los accionistas y/o administradores de las EPS e IPS que han incurrido en maniobras fraudulentas y  originan daño patrimonial a los recursos de la salud.

La búsqueda de bienes, cuentas corrientes, de ahorro, CDT´s, Fiducias, a nivel nacional y también en el extranjero (Caso de SALUDCOOP, en el Ecuador), se ha adelantado por parte de la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de Prevención, Investigación e Incautación de Bienes

La búsqueda financiera también se ha adelantado a nivel nacional e internacional.

CARTELES Y GASTOS INDEBIDOS

La acción permitió destapar los llamados Carteles de la Hemofilia por $46.337 millones y de las inexistentes terapias basadas en neurodesarrollo en Córdoba por $5.000 millones, y de los Enfermos Mentales en Sucre con 11 procesos por $3.786 millones.

El proceso de responsabilidad fiscal por $152.638 millones abierto por las inversiones que con recursos de la salud hizo la EPS SALUDCOOP en gastos administrativos, equipo de oficina, mantenimiento, pago de créditos a largo plazo y pagos por servicios a terceros.

En la EPS COMFACOR de Córdoba, hubo hallazgos fiscales por $17.316 millones de esta suma$14.450 millones, corresponde a subcontratación o intermediación de servicios de salud, que configura una desviación de recursos públicos.

La auditoría a MEDIMÁS determinó que, sin soportes legales, esta EPS realizó giros anticipados a proveedores médicos por $718.623 millones.

CUESTIONAMIENTO A GESTIÓN DE LA SUPERSALUD

El Contralor Delegado para el Sector Social, José Antonio Soto Murgas, adelantó algunas conclusiones de la Auditoría de Cumplimiento que se realizó a la Superintendencia Nacional de Salud, sobre la vigencia 2017, y que recientemente fue finalizada.

El informe de auditoría considera que el cumplimiento de la gestión adelantada por la Superintendencia en la administración de recursos públicos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, NO RESULTA CONFORME en todos los aspectos significativos, frente a los criterios aplicados. Por lo anterior, se emitió concepto Adverso de Incumplimiento material.

“El análisis de la Contraloría permite señalar que la mayoría de entidades que ingresan en cualquiera de las modalidades de Medida Especial se mantienen por varios años; esto ante la inocuidad de las medidas o acciones tomadas sin que se solucionen las causas que condujeron a las situaciones críticas de operación y, así, un elemento que debía ser transitorio se vuelve permanente, en un marco de prórroga tras prórroga”, finalizó.