Por Fabián Hernández Cadena (Consultor Comunicaciones).

La MOE pide a Gobernadores y Alcaldes incluir estrategias y programas en sus planes de desarrollo que busquen atender y prevenir los hechos de violencia contra líderes sociales, políticos y comunales.

La Misión de Observación Electoral – MOE -,priorizó algunos territorios donde han ocurrido hechos violentos en el 2020, de los cuales seleccionó 25 planes de desarrollo departamentales y 25 planes municipales, con el fin de hacer seguimiento a la inclusión de propuestas y estrategias que prevengan los hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. 

De los 50 planes de desarrollo seleccionados para su revisión, solo fue posible encontrar en fuentes abiertas, 15 planes de desarrollo departamentales en su versión final, y 9 planes municipales. Claramente esta dificultad en el acceso a la información afecta el control ciudadano y la participación de personas interesadas en el debate de la hoja de ruta de los gobiernos locales que, por cierto, debe ser de fácil acceso ciudadano. 

Alejandra Barrios, Directora de la MOE, insiste en que “es necesario que los mandatarios locales incluyan programas claros que enfrenten y prevengan la violencia contra líderes en sus territorios, para poder de esta manera contar con los recursos necesarios para hacer frente a este desastre humanitario en que se ha convertido el asesinato selectivo de los liderazgos locales”.

Propuestas ambiguas y sin resultados claros no pueden ser la forma de atender la violencia contra las y los líderes en los niveles departamentales y municipales.

La MOE revisó que los planes territoriales de desarrollo incluyeran medidas que estuvieran relacionadas con la protección a líderes políticos, sociales y comunales; la adopción de medidas de prevención para evitar hechos de violencia contra los diferentes tipos de liderazgos; la atención a economías ilegales como fuente de violencia, y la definición de medidas diferenciales de atención de la violencia contra las lideresas. 

El estudio encontró que, si bien en el nivel departamental fueron incluidas algunas medidas frente a las categorías descritas anteriormente, las aproximaciones a estos hechos no contemplan enfoques de género, esto debido a que no se incluyen de manera precisa acciones diferenciales para atender los hechos de violencia en contra de las mujeres que ejercen liderazgo. “Esta situación, puede resultar en hechos revictimizantes, ya que la atención a mujeres víctimas debe incluir estrategias más complejas e integrales que vayan más allá de quien ejerce el rol de liderazgo, e integre a la familia y el entorno en el que se encuentran”, precisó Alejandra Barrios.

De igual modo, la MOE llama la atención a los departamentos y municipios con importante número de líderes que han sido victimizados para que definan medidas claras de protección y atención. En tal sentido, es necesario que las acciones de los gobiernos locales no sean meramente reactivas frente a los hechos violentos, e incluyan planes de protección ya sea por medio de apoyo a medidas de instituciones del orden nacional, o creando y fortaleciendo medidas propias.

Otra de las variables analizadas tiene que ver con la atención que desde el ámbito de la seguridad se debe dar en territorios con presencia de economías ilegales, ya que como lo ha advertido la MOE, la presencia de este fenómeno (cultivos ilícitos, minería ilegal, o estructuras de microtráfico, entre otras) coincide con hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, y a su vez con la presencia de estructuras armadas organizadas. Razón por la cual, en el diseño de una estrategia integral para atender la violencia contra líderes, este debe ser uno de los elementos a tener en cuenta por parte de los mandatarios locales. 

Al respecto, la MOE encontró que, a nivel departamental, de manera contraintuitiva, estas entidades territoriales, mayoritariamente, no incluyen estrategias de acción frente al control de las economías ilegales. Es decir, su acción frente a la prevención y manejo de uno de los principales actores generadores de violencia en los territorios depende casi en exclusiva de las acciones que decida emprender el gobierno nacional para atender estas situaciones.

Hasta el 30 de abril de 2020, la MOE registró un total 155 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. Los líderes sociales son los más afectados con 85 hechos (54,8%)

De igual modo, la MOE hace un llamado a las Asambleas y Concejos para que, por medio del debate a los planes presentados por los mandatarios, la prevención de hechos de violencia contra líderes sea un tema relevante a tratar en las sesiones. De manera específica es importante que los Consejos Municipales de los departamentos de Cauca, Córdoba, Magdalena y Atlántico, introduzcan modificaciones tendientes a incluir y ser más específicos en las medidas de atención y protección dirigidas a los liderazgos locales. 

Finalmente, hay que hacer especial énfasis sobre la labor que corresponde a la ciudadanía para hacer un seguimiento constante a los planes de desarrollo luego de su aprobación, pues es el control ciudadano el mejor mecanismo de seguimiento a la gestión de los mandatarios.