Por Marcos Silva Martínez

La  corrupción es consecuencia directa de la laxitud institucional y el marco legal que la sustenta. Así esta  instrumentada desde los órganos del poder público, con complicidad de la sociedad.

La corrupción es  más dañina y criminal,  que el accionar de las organizaciones guerrilleras, organizaciones criminales y de delincuencia común, juntas. Sus efectos afectan a todos los ciudadanos.

El  origen y existencia de esas organizaciones criminales e ilegales, tienen relación directa con la irresponsabilidad y debilidad institucional, el poder legal y la inequidad socioeconómica.

La inequidad socioeconómica e injusticia social, son crecientes, como  la corrupción.  Pero  los gobiernos engañan al pueblo con estadísticas e indicadores maquillados, según las  conveniencias, para garantizar dar imagen positiva del gobierno y  del régimen.

Organizaciones no gubernamentales, señalan cifras billonarias  robadas del presupuesto público, cada año. Investigaciones  comprueban algunas.  Pero pareciera que el poder institucional, no entiende la gravedad del crimen,  ni pude  articular procedimientos, para derrotar  el flagelo.

La  corrupción y la descomposición moral y ética del poder, han alcanzado dinámicas que se tornan  incontenibles. La corrupción  propició  el  colapso de los partidos políticos y  descomposición moral generalizada.

Los partidos dejaron de ser organizaciones guiadas por principios ideológicos y se convirtieron en empresas  dedicadas a cosechar votos, para asegurar el ejercicio del poder político que les garantice el dominio y protección del poder económico, el usufructo del poder institucional y con él, el del presupuesto público.  No importan antecedentes del candidato. Importa el billete y éxito de la empresa. El poder. No el ciudadano ni la nación. Los resultados son exponencialmente nefastos y evidentes, para las mayorías, empobrecidas y excluidas, como ridículas y diabólicas las acciones del poder y sus usufructuarios.

De ese caldo de cultivo devienen los Carteles de la Toga, del SOAT, de exmagistrados y jueces corruptos, carteles de la contratación y de pensiones, de los medicamentos e INVIMA, del papel higiénico, de la salud, de la hemofilia, de COMFAMILIAR del Huila y MEDILACER, de los alimentos escolares etc., etc.  Los resultados de las investigaciones  son pírricos. Lo robado, robado se queda.

¿La institucionalidad y el poder al servicio de los delincuentes?

Muchos  hechos que investiga la Fiscalía, sobre asaltos a los recursos  público y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la mayoría duermen en los anaqueles, porque la precariedad institucional, la venalidad y corrupción ha torpedea los  procesos y evita resultados   en derecho.  Esos  delincuentes, han gozado de la impunidad y complicidad social, al convertirlos en personajes admirados  (son siniestros), mientras se apropiaban de lo que legítimamente le correspondía y corresponde a miles de ciudadanos necesitados y excluidos.

Los criminales de cuello blanco y cerebros y asociados, deben ser excluidos por ley y sumariamente, de todo lo oficial y del ejercicio profesional.

Ese tipo de decisión nunca los aprueba el Congreso, ni el gobierno lo exige.   Son condiciones, hechos y resultados que junto con el controvertido marco legal vigente y la crisis socioeconómica y moral, del estado y la sociedad, tipifican el  estado fallido.