Por Aníbal Charry González.

No me voy a referir al cardumen de empresas criminales que existen en Colombia paraíso de la impunidad que hace precisamente que se multipliquen como mala hierba, que nacen precisamente con la intención de delinquir abiertamente sin fachada alguna que pueda esconder sus designio criminal, sino  a esas empresas que bajo el ropaje de la legalidad particularmente en la contratación pública, se convierten en las más despreciables bandas criminales para asaltar el presupuesto oficial y los recursos sagrados que más necesita nuestra sociedad como los de la salud y la alimentación de los niños pobres, derivadas de la más grande y vil empresa criminal que tenemos cual es la actividad política  más perversa que se pueda concebir financiada con esos recursos manchados con la sangre del pueblo colombiano que se mantendrá incólume para las próximas elecciones.

Que tengamos mafias de la alimentación escolar como lo han denunciado todas las ías demuestra el grado abismal de villanía a que ha llegado el ejercicio de la política en este descaecido país, que al parecer está condenado a ser saqueado de manera inmisericorde por estos filibusteros aliados con los capos de la política que saben que para mantener su hegemonía hay que dividir a los colombianos bajo falsos banderismos para mantener sus empresas criminales, a sabiendas de que las clientelas que sostienen con el asalto al presupuesto público los vuelven a elegir para que continúen con su enseña criminal, y de que no existen sanciones condignas para esta clase de delincuentes que son los más depravados entre todos los delincuentes, por no tener el más mínimo reato de robarse para enriquecerse ilícitamente los recursos destinados a alimentar a los niños pobres muriendo muchos de ellos por desnutrición.

Y es que no otra cosa se puede concluir cuando la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía nos comunican que el Programa de Alimentación Escolar (PAE), se encuentra en manos de estas mafias abyectas como que en varios departamentos incluido el Huila  78 contratistas están siendo investigados por robarse los dineros de los niños como lo ha dicho el fiscal Néstor Humberto Martínez, con un saldo hasta ahora de 93 de estos vampiros capturados  que traficaban con la alimentación escolar facturando pechugas a $40.000 pesos la libra y productos que nunca llegaron a las escuelas, o un pedido de 2.6 millones de panes facturados a $400 pesos la unidad de los cuales no se entregaron un millón. Mayor crimen imposible, que debería ser sancionado con la misma pena de muerte si la tuviéramos, pero que en este país no pasará de la imputación y  la negociación de penas irrisorias que les permitirá a estos criminales disfrutar de lo que se han robado  a costa de la desnutrición de los niños pobres y seguir financiando a los políticos corruptos que les adjudican los contratos.

Por eso resulta urgente reflexionar en estas vísperas electorales sobre el poder del voto para protestar masivamente contra estas empresas criminales  y sobre la necesidad de que en este país se impongan penas ejemplares  a estos carroñeros de la política.