Por Carlos Tobar

Literalmente, los agricultores de arroz del país, están en la olla. No obstante, que durante los dos últimos años se han obtenido las cosechas más grandes del grano en mucho tiempo, las perspectivas no son buenas. La razón, el precio de compra ha caído, de manera pronunciada, en el mercado, mientras los costos de producción se han disparado por diversas razones, poniendo en graves dificultades a los cultivadores. Hoy, para el caso del Huila, el precio de compra por carga está en $116.000 y el precio de equilibrio para los agricultores es de $156.000, una diferencia sustancial que tiene al borde de la quiebra a miles de productores que, con gran sacrificio han sostenido el cultivo por muchas décadas.

Las causas de las dificultades del sector arrocero, son bien conocidas y el actual traspié era previsible. Desde que el gobierno colombiano, siguiendo los lineamientos del libre comercio, embarcó al país en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos –tarea que realizaron primero, el gobierno de Uribe y luego, el actual de Juan Manuel Santos–, las dificultades de los arroceros se han ido agudizando. Las importaciones crecientes de arroz blanco y paddy (con cáscara), han estado distorsionando el mercado nacional. Solamente, la protección relativa de la alta tasa de cambio del peso frente al dólar, ha impedido que el mercado nacional sea inundado por un arroz que, tiene un costo de producción que es la mitad del costo interno. A eso ha ayudado que, la competencia del vecindario decayó producto de las conocidas dificultades internas de Venezuela y la dolarización del mercado ecuatoriano. No obstante, los costos internos de producción en el país se han incrementado significativamente, por la aplicación de una política que favorece precios de monopolio en factores de producción como el crédito, tres o cuatro veces más costoso que los de la competencia externa; los costos de la energía y el agua; los costos del transporte y los precios de los combustibles; los costos de los insumos, semillas, abonos, herbicidas, fungicidas, etc.; los costos de la tierra, el arrendamiento de las tierras…

En esas condiciones tan desventajosas, deben batallar los productores nacionales quienes, para completar el cuadro de dificultades, tienen que soportar un oligopolio industrial que manipula el precio de compra en su favor, haciendo uso, precisamente, de “las ventajas del libre mercado”. La verdad es que la producción de arroz en Colombia, bajo las normas del libre comercio consignadas en el TLC con los EE.UU., no tiene futuro. Diríamos, que no tiene ya ni presente, sobre todo si se entiende que, a partir del próximo año, 2018, la desgravación arancelaria se acelerará anualmente en un 10%, a diferencia del 5% actual. La amenaza es de tal magnitud que, me atrevo a afirmar que, ni la industria se salvará de la debacle; eliminada la competencia de la producción interna con la ruina de los cultivadores, lo que seguirá es el embate por el control de la producción de arroz empaquetado para el consumo interno. Así, los colombianos, terminaremos perdiendo una rama completa de la producción agrícola e industrial del país que, en el fondo es perder una fuente de trabajo nacional para garantizarla a productores extranjeros. Eso, nos lo deberán el uribismo y el santismo: “los mismos con las mismas”.