Por Aníbal Charry González

Esa es la estrategia  pervertidora de la justicia que tiene al canto el impotente Estado colombiano en todos los tiempos carente de política criminal para someter a la delincuencia haciéndole toda clase de concesiones, que lo que hace en la práctica  es perpetuar el accionar criminal de todo pelaje negociando la aplicación de la justicia, sabedores los delincuentes que aquí en este desastrado país lo que hay que hacer es delinquir en grande para después negociar con el Estado estimulando la delincuencia y sometiendo por supuesto a la sociedad a una espiral de violencia permanente.

Y eso es precisamente lo que se  va a hacer por enésima vez con el proyecto de ley que va a presentar el Gobierno de “sometimiento de las bandas criminales”, que son enjambre  precisamente por la benevolencia que siempre ha mostrado el Estado con ellas ante su impotencia para combatirlas, otorgando toda suerte de gabelas penales y carcelarias que pretenden hacerse extensivas incluso a las disidencias de las Farc, además de las que les otorgaron con los acuerdos de paz, confirmatorio de que la única estrategia que tiene el timorato Estado para combatir la criminalidad es la sempiterna negociación con la delincuencia otorgándoles beneficios, de tal manera que el que la hace no la paga, contrario a lo que debía suceder con un sistema penal serio y coherente que pretenda defender a la sociedad de los delincuentes.

Por eso es que el fiscal  Néstor Humberto Martínez se ha opuesto con sobrada razón a este juego pernicioso de la justicia, que incluye  sometimientos colectivos con insólitas gabelas de rebaja de penas de hasta el 50 por ciento que ya están contemplados en la ley, y la entrega de principios de oportunidad que en la práctica implica que el Estado eunuco para someter la delincuencia deje de investigar algunos casos, otorgando además condiciones especiales de reclusión en aplicación del síndrome  dañino del capo Escobar, que terminó escogiendo su propia  cárcel y sus carceleros para seguir delinquiendo y al final burlarse de nuestra precaria justicia, convertida por supuesto en rey de burlas con la concesión de la montonera de beneficios  a la delincuencia.

El Estado colombiano no puede seguir a ese ritmo epiléptico  en la aplicación de la justicia frente al intemporal acoso delincuencial, que busca en realidad como lo estamos viendo con tanta concesión, es que los delincuentes tengan como cárcel toda la geografía nacional para seguir cometiendo fechorías, pues no los quiere tener en las cárceles por el espantoso hacinamiento que hace posible que los mismos jueces ni siquiera manden a la cárcel a los más peligrosos delincuentes invocando el sistema penal que tenemos tremendamente nocivo de la justicia, que requiere a gritos una profunda reforma para que responda a las necesidades de nuestra feroz y prolífica delincuencia, que no podrá ser controlada jamás si no se le demuestra que en este país el delito no paga, comenzando por sancionar ejemplarmente a los delincuentes de cuello blanco sin ninguna posibilidad de  concesión para quienes de manera infame se roban la plata de todos los colombianos.