Por Marcos Silva Martinez.

Según la constitución, “Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria descentralizada, con autonomía de sus entidades descentralizadas, democrática y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, declara la Carta Constitucional”.

Y agrega: … “son ramas del poder público, la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial”. Poderes creados y ordenados por la Constitución, para que ejerzan poder y gobiernen en nombre y representación del pueblo en general. Estamos lejos de ese paraíso. Lo que se ha forjado es un debacle social, institucional y político.

A los dueños y usufructuarios del poder, no les conviene el espíritu constitucional aprobado en 1991. El texto original ha padecido más de 42 modificaciones. No para mejorarlo, sino para acomodarlo a las conveniencias del poder político y económico. Es interpretado, explotado y tergiversado, por los dueños y usufructuarios del poder político y económico, exclusivamente para proteger privilegios. Son objetivos confesos del uribismo contra lo que impida la satisfacción de sus perversas metas: la Constitución, las altas cortes, la JEP, etc.

Esos privilegios devenidos y por conveniencia consolidados, desde los tiempos de la colonia, no responden al interés general, ni a la dignidad humana.

Como consecuencia de ello, Colombia es la más desigual, en la región y sexta en el planeta, azotada por dramáticos niveles de criminalidad, pobreza, miseria, corrupción, inmoralidad y atraso secular del desarrollo en general. Un truán Nobel de economía, pide bajar el salario mínimo y los áulicos del gobierno Duque-Uribe lo celebran.

El poder ejecutivo, rota entre familias o secuaces de la casta. Si no ocurriera exactamente así, Colombia sería un país desarrollado y próspero. Acumula más de 200 años de independencia y “democracia” (corrupta) y sigue en la pobreza y atraso.

La Rama Judicial es presa fácil, de la inmoralidad y la politiquería, a través de la designación de sus servidores, de la corrupción administrativa y de sus funcionarios, la presión de los delincuentes de cuello blanco y del contenido y alcance de las leyes que tiene que acatar y administrar, Cortes, fiscalía y jueces, gobernadores, alcaldes y demás.

Las Leyes son analizadas, debatidas y aprobadas por el Legislativo. Generalmente de iniciativa del Ejecutivo y concertadas con representantes del poder económico y políticos y hasta delincuentes. El pueblo raso (más del 90% de la población), no cuenta para ello. Las consecuencias están de bulto. Ascensos militares cuestionados, elección de corruptos y mediocres en cargos de decisión y control. Es la caricatura de democracia colombiana.

La Rama Legislativa, que debe desarrollar la Carta Política y afirmarla, en la práctica; el carácter democrático de las leyes y el poder, y hacer el control político al gobierno, a través del análisis de proyectos y valoración de las demandas y necesidades de sus representados, está convertido en la cueva de rolando.

En muchos casos, la politiquería y el poder económico, infiltraron y negociaron con las organizaciones criminales (narcoparamilitares), bajo el expediente de refundar el país. Esta fatal realidad nacional, a diario se prueba, con las investigaciones, juicios y condenas, que han tenido que afrontar más de 160 congresistas y ex –congresistas, magistrados, jueces, burócratas, militares y exmilitares y delincuentes de cuello blanco, paramilitarismo.

Lo que hay que cambiar es el Régimen, predicaba Álvaro Gómez y el Régimen decidió exterminarlo. Como está la institucionalidad, el Régimen se blinda a través de las leyes, pero aun así no es invencible.

El elector, si renuncia a su talante sumiso e irresponsable consigo mismo y las generaciones futuras, puede derrocarlo.

Los dueños del poder se pueden derrotar con el voto ciudadano. Es imperativo hacerlo en próximas elecciones.

Los politiqueros demostraron, hasta la saciedad su irresponsabilidad y venalidad. De esta forma se puede liquidar la corrupción, la anarquía y la tiranía del poder, ejercida contra las mayorías nacionales y crear las condiciones para el desarrollo con equidad.