El Fondo Territorial de Prestaciones Sociales del Huila, registra un daño presupuestal  superior a los $6.000 millones como consecuencia del descuido en el archivo central de la Gobernación y la ligereza  en el manejo de la documentación  de empleados y trabajadores oficiales.

La revelación la hizo La Contraloría Departamental del Huila sobre una muestra selectiva de 28 resoluciones de pensiones reconocidas durante las vigencias 2001 al 2011

El Organismo de Control encontró características como: 

• El tiempo que transcurrió para la presentación de la solicitud del reconocimiento, esto es, 19, 21,22 y 23 años después de una supuesta desvinculación laboral y/o cumplimiento de requisitos para tal fin, además del reconocimiento del monto de mesadas atrasadas o retroactivos pensionales.
• Reconocimiento de pensiones sobre la base de Decretos de nombramiento cuyo número es acompañado de la palabra “bis”; los cuales al ser verificados con el consecutivo de Decretos que reposan en el archivo central de la Gobernación no existen. Se encontró que el número del decreto registrado, correspondía a otro asunto.
• Se fundamenta el cumplimiento del requisito para acceder a la pensión sobre tiempos de vinculación laboral al parecer inexistentes, conclusión a la que se llega luego de no encontrar evidencia (Historias laborales, expedientes de cesantías, acto administrativo de nombramiento, nominas, Kardex zafiro digitalizado) que permitiera corroborar tal vinculación.
• En otros casos, si bien en las tarjetas de Kardex Zafiro digitalizado que maneja el Archivo del Departamento aparece el registro de cargos desempeñados, al cotejarlo con los decretos de nombramiento que reposan igualmente en el archivo este no coinciden, en otros casos resultan inexistentes.

La Contraloría Departamental, concentró en este caso su función constitucional en las irregularidades que presuntamente generan daño patrimonial al estado; arrojando el siguiente resultado: De los 29 hallazgos configurados; 28 hallazgos tienen presunción fiscal que alcanzan la suma de $6.205.876.473 millones, 28 hallazgos con presunción disciplinaria, 28 hallazgos con presunción penal y 1 hallazgo sancionatorio.

Las inconsistencias encontradas permiten concluir que la falta de control, seguimiento y verificación por parte de la Entidad Rectora del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento, en el cumplimiento de los requisitos para conceder la pensión de vejez, permitió la ocurrencia de un presunto daño patrimonial al estado, así como la falta de verificación y confrontación de los datos consignados en la (s) certificación laboral expedida en los diferentes reconocimientos realizados en los periodos 2001 al 2011

Así las cosas, de conformidad con los elementos probatorios recaudados en ejercicio de la auditoria, se tiene la existencia de un presunto daño patrimonial al estado, producto al parecer de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómico.