Por Marcos Silva Martínez

El efecto de la descomposición ética y moral del poder público y de la sociedad en general, se refleja en la anarquía y caos institucional y la tolerancia social.

La apropiación ilegal de los recursos públicos, dispone de instrumentos y procedimientos  legales  que lo facilitan y   que los mismos órganos del poder público aprueban, interpretan y aplican.

La contratación pública en Colombia se convirtió en el eje de la política para acceder al poder y de concentración del poder y la riqueza.

La  jungla jurídica que rige la contratación pública, constituida por ley y decretos laxos, contradictorios y permisivos, se refina con la creación de cosméticos aparatos burocráticos, dizque  para “blindar” la contratación contra la corrupción. Pero  la corrupción crece, se sofistica y se “democratiza”  más y más.

Crearon FONADE.  Los  carteles de la contratación se apropiaron de ese fortín burocrático, y lo manejan a su antojo y favor, sin que los poderes del estado se inmuten.

Instituyeron el Zar Anticorrupción. Aprobaron un estatuto anticorrupción. Desde el seno de la ley, especulan y engañan con el sofisma de las Veedurías Ciudadanas. Existen  Oeneges,  Transparencia por Colombia,  Gestores Sociales. Todo hasta ahora inútil, porque la corrupción es el caldo de cultivo que nutre la politiquería y el clientelismo, que son el soporte el poder de las élites.

Existe el embeleco de SECOP I y II, maquillado con el distractor de Compra Eficiente, generalmente dirigido y manejado por individuos que desconocen los tejemanejes de la contratación, en lo que a la malicia y concupiscencia humana y del poder  se refiere. Esta dirigido y manejado por  ignorantes absolutos en lo técnico- metodológico, en análisis y sustentación de costos, calidad y especificaciones. Se puede demostrar.

El procedimiento se refina en los despachos de alcaldías,  gobernaciones y empresas sociales del estado, donde se advierte la tendencia a desaparecer la idoneidad en la elaboración de presupuestos y contratos. Generalmente son manejados por individuos ajenos a la temática contractual, ajustada al rigor técnico. Ocurre en todas las instancias del poder público de la nación. Neiva y el Huila, no son casos aislados.

Se practica la corrupción por acción, omisión, denegación de poder y justicia, complicidad e irresponsabilidad. El que roba delinque. El que delinque es delincuente. ¿Cuántos hay en el poder?

¿Cuántos son elegidos por voto popular?

Las instancias jurídicas de los diferentes órganos de poder, municipal, departamental, nacional o descentralizado, son asistidas por funcionarios desligados del interés debido, para lograr rectitud en el ejercicio de la función pública, o incapaces de ejercerla, por su precaria formación, sin importar que tenga más cartones que un tugurio.  El acceso al cargo generalmente lo logran por recomendación de politiqueros y corruptos. Esa la causa y razón para que los órganos de control, desarrollen investigaciones cosméticas, siempre atentos a la orden de quien los hizo nombrar en el cargo. Las contralorías, son agencias de la politiquería, manejadas por politiqueros y subalternos arribistas, cuyo objetivo es alagar al Jefe político, para mantener el cargo, hasta pensionarse.

Son las causas fundamentales por las que la corrupción en lo público, que se extiende a lo privado, se convirtió en un cáncer social, económico-fiscal y moral, muy difícil de erradicar, si continuamos eligiendo, para ejercer el poder público, individuos de dudosa contextura moral y desvergonzados oportunistas.

Los resultados de las pasadas elecciones deberían avergonzarnos. Los estamos viendo. Constituyó la entronización de una plutocracia absolutamente irresponsable, que solo le importa garantizar la concentración del ingreso y la protección del capital y la riqueza, en manos de pocos.