Por Aníbal Charry González
La Misión de Observación Electoral (MOE), en un completo documento investigativo que ha titulado “DEMOCRACIAS EMPEÑADAS”, ha descrito con pelos y señales como dicen las señoras, la forma perversa y pervertida como se financiaron las elecciones en esta farsa de democracia para el periodo 2015-2018, especialmente, la relación contaminante y por supuesto muy rentable que existe entre los financiadores privados y contratistas públicos que “donan” a gobernaciones y municipios para después recibir millonarios contratos, como ocurrió por ejemplo en Neiva y Pitalito para mencionar lo que nos atañe en este corral de politiquería y corrupción.
Estas son las cifras, que nos indican, como bien lo dice la MOE, que “la corrupción no cae del cielo, entra por las elecciones” como todos lo sabemos: 485 generosos donantes, hicieron 534 aportes a campañas políticas por un monto de $4,4 mil millones de pesos. Estos donantes recibieron la friolera de 2.410 contratos públicos de parte de las administraciones públicas que financiaron por un monto de 169 mil millones de pesos, equivalente a 39 veces el dinero donado a 183 campañas a la alcaldía y 18 a la gobernación. Mejor negocio, ni la coca, ni la minería ilegal, que nos revela porqué resulta prácticamente imposible que la clase política haga una reforma electoral que acabe con semejante negocio, donde empresarios privados y gobernantes corruptos comen a dos carrillos por cuenta del presupuesto público en detrimento por supuesto de la construcción de las obras públicas como ha sucedido aquí en Neiva, con el emblema de este maridaje siniestro, que es el estadio de fútbol.
Y es que las modalidades que asume este monstruo devorador que nos ha convertido en el Sodoma y Gomorra de la corrupción al parecer sin remedio, porque ni siquiera los mandatos del pueblo anticorrupción los acata la clase política como lo estamos viendo -que los va a acatar, ni minusválidos mentales que fueran para acabar con esta gallina infame de los huevos de oro-, son variopintas: 60 que identificó el estudio con fundamento en 15.000 sentencias proferidas contra los filibusteros de la elección popular, agrupadas en 9 grandes tipologías: uso de los cargos para beneficiarse los gobernantes así mismos, a su entorno familiar y de amistades; pago de contratos por obras o servicios no prestados o entregados; permitir actos de corrupción por descuido o falta de vigilancia; contratación a dedo con amigos de la administración; aliarse con grupos ilegales para cometer actos de corrupción; expedir normas contrarias a la ley para obtener beneficios; entregarles contratos a familiares o amigos inhabilitados para contratar; incluir sobrecostos en los contratos públicos, y como no, pedir sobornos a cambio de contratos, completando el arsenal más utilizado y letal para concretar la corrompida jarana electoral.
En suma, tenemos no tanto democracias empeñadas como lo dice el trabajo de investigación del MOE, sino democracias literalmente secuestradas por la corrupción, en la cual caen también los que llegan a los cargos hablando de transparencia, como a la alcaldía de Neiva, para después concretar la relación perversa de financiadores, gobernantes y contratistas. Así, como vamos a salir de este fétido pantano electoral.

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