Por Aníbal Charry González.

Siempre he considerado que no obstante  que nuestra Carta Política consagra toda una filosofía de libertades, en la realidad en este país conservador  donde campea la ignorancia y el fanatismo religioso, no hemos podido asimilar lo que representa esa filosofía libertaria, y por eso a raíz del fallo de la Corte Constitucional  que declaró inconstitucionales 2 normas del Código de Policía, que les prohibía a los ciudadanos consumir alcohol y drogas en el espacio público para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, se ha desatado toda una campaña pérfida de tergiversación de las cosas encabezada por el mismo presidente Duque, que ha salido a afirmar de dientes para afuera que acata la sentencia, pero que seguirá persiguiendo a quienes consuman esta clase de drogas en su dosis mínima, porque por encima de lo resuelto por la Corte, que según él promueve  el consumo de drogas, está el artículo 44 de la Constitución sobre la prevalencia de los derechos de los menores.

Y se viene con esta perla hablando para la galería tratando de  deslegitimar de mala fe el fallo de la Corte. “La libre determinación de la personalidad no es la libre determinación de la drogadicción. Vamos a defender la familia colombiana con todo el arrojo”. Y uno se pregunta ¿Es que acaso lo resuelto por la Corte Constitucional de considerar que era desproporcionada la prohibición a los ciudadanos de consumir drogas y alcohol en el espacio público, es una patente para la libre determinación de consumirlas causando daño a los menores y a la familia?  ¿De dónde saca Duque semejante conclusión para empecinarse en tratar de controlar a todo el mundo limitando sus libertades individuales en la materia en una actitud de gendarmería, en un Estado que ya sabemos no puede prohibir nada porque en la práctica no puede controlar nada, y lo que hace es estimular la drogadicción y el crimen?

Es evidente que no puede ser más tergiversado y de mala fe el arrebato presidencial, pues la decisión de la Corte, en manera alguna promueve ni protege el microtráfico, como lo han salido a sostener  en  coro los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali, afirmando hiperbólicamente que ahora la culpa del consumo de drogas y el auge de las estructuras criminales será producto del fallo, cuando  el narcotráfico es conducta punible que el Estado está en el deber de combatir y sancionar. El hecho de que se pueda consumir marihuana  en el espacio público no vuelve drogadictos  a los menores, pues bien sabemos que lo que los induce a la drogadicción y  al crimen es la desnutrición, el hambre, la falta de amor en la familia, el abandono de la sociedad y del Estado. Con razón el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve ha salido a defender  la sentencia porque respeta el derecho a la libertad, y porque los niños hay que protegerlos, pero no con autoritarismos o moralismos excesivos, y que el asunto es que el Estado prevenga y controle y las familias y la sociedad asuman la responsabilidad, que es lo que no se hace