Por Carlos Tobar

En una de esas noticias medio ocultas, que pasan desapercibidas para la mayoría de los ciudadanos, el Ministerio de Minas y Energía, anunció que, durante los próximos 7 años, serán cambiados los contadores de energía de los algo más de 11 millones de usuarios que hay en Colombia. Para ello, está en consulta con el mercado, un proyecto de resolución con el que se ordenará el cambio en mención. La propuesta del gobierno es migrar hacia un sistema de lectura inteligente conocido como Infraestructura de Medición Inteligente (AMI, por su sigla en inglés).

Lo primero a señalar es que la ‘consulta con el mercado’, es un eufemismo, para decir que, quienes participan son las empresas que conforman el oligopolio de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, pero que por ninguna parte aparecen los usuarios finales, sobre todo, los usuarios residenciales, comerciales e industriales de pequeñas y medianas empresas. A estos la medida, simplemente, les será impuesta sin derecho al pataleo.

Aunque la presentación de la noticia resalta las presuntas bondades del nuevo sistema de medida, como que, AMI, permite “la comunicación bidireccional entre usuarios y distribuidores”, la verdad es que el contenido de la misma tiene varios interrogantes que no han sido plenamente explicados y que, pueden tener implicaciones tarifarias gravosas para los desprevenidos usuarios.

Empecemos por señalar que, se podrán gestionar en tiempo real a cada uno de los usuarios lo que permitirá que “no sea necesario enviar cada mes a un técnico a leer el contador, pues los datos de consumo se tomarán de forma remota. Además, se podrá desconectar, conectar y limitar el suministro al usuario, así como facilitar la prevención y detección de fraudes.” Pero tal vez, dos de los objetivos primordiales serán: “la implementación de canastas de tarifas de energía, con lo cual en las horas de más bajo consumo el precio de cada kilovatio será diferente al de los horarios pico”, es decir, aumentar las tarifas en las horas de mayor consumo, con la disculpa de la mayor demanda, una vieja aspiración de las empresas generadoras y comercializadoras de energía. Y, una segunda aspiración, es generalizar la venta de energía de acuerdo a la capacidad económica de cada usuario, algo parecido a la compra que hacen los usuarios de telefonía celular por la modalidad de prepago; así, los más pobres, dispondrán de la energía que puedan comprar, lo que significa que muchos días del mes, estarán a oscuras.

Este sistema de medición inteligente en el servicio de energía eléctrica, significa en la práctica, una modalidad de incremento de tarifas en un país donde este costo atenaza no solo a los usuarios residenciales, sino que, se convierte en uno de los “costos país” que impide la competitividad de empresas pequeñas y medianas. Esta es otra de las aplicaciones de la política de “libre comercio” que propugnan las élites en el poder.