Aníbal Charry González
A raíz del salvaje asesinato de los 4 menores en el departamento del Caquetá, en este país de asesinatos salvajes de todas las épocas de violencia que hemos padecido, se ha vuelto a proponer la cadena perpetua para crímenes atroces y hasta la pena de muerte como lo propuso el general Rodolfo Palomino, para ver no solo de castigar ejemplarmente estas escorias humanas por los crímenes sin nombre que cometen, sino, lo más relevante, para asegurarnos en defensa de la sociedad que no vuelvan a delinquir so capa de la reinserción, que es sobre la cual están orientadas las penas en Colombia.
Y es que precisamente ese es el punto que hay considerar para establecer la cadena perpetua para crímenes atroces, y no oponerse de entrada a ella como lo ha hecho el Fiscal General y el Defensor del Pueblo, con el pretexto de la resocialización que no existe como está demostrado, pues de lo que se trata es de que el Estado conjure el riesgo en protección de todos los asociados, de que estos criminales atroces puedan volver a delinquir, como el caso de Garavito que violó y asesinó a más de 180 niños, que de quedar en libertad con la filosofía de las penas que tenemos en Colombia volvería a violar y a asesinar en serie, por la potísima razón de que es un sicópata que no tiene cura, y por lo tanto no es posible reinsertarlo en la sociedad porque seguiría matando, como lo hizo precisamente “El Desalmado”, quien honrando su alias, después de haber sido condenado por asesinato, salió a asesinar los menores en Florencia que pudieron evitarse, si nos hubiéramos asegurado que este criminal patológico no hubiese salido de la cárcel.
Por eso creo que resulta oportuno el proyecto de acto legislativo que han radicado la representante Ana María Rincón y el vicepresidente de la Cámara de Representantes Efraín Torres para modificar el artículo 34 de la Constitución que prohíbe la prisión perpetua, para que se pueda aplicar a los delitos atroces con una verdadera política criminal, pero dándole también la misma entidad a los delincuentes que asaltan el presupuesto público, que yo diría es el más atroz de los delitos que se puedan cometer contra una sociedad como la nuestra, y que en otras sociedades más civilizadas por su gravedad y daño colectivos, son sancionados con la pena capital.
Es más, yo diría que tendríamos que modificar también en ese caso, la prohibición de la pena de destierro y la confiscación para que las podamos aplicar en ausencia de la pena de muerte a tanto político corrupto que se roba por billones al Estado impunemente, a ver si nos podemos librar para siempre de ellos si es que hay algún país que los acepte, que sería a lo único que temerían estos depredadores de la sociedad, que con sus crímenes atroces generan más muertos que Garavito y “El Desalmado” juntos. Pero eso será una ilusión, porque los encargados de hacer las leyes no van a aprobar su propia guillotina.
