Por Aníbal Charry González
Es lo que persigue literalmente la convocatoria del referendo liderado por la senadora Vivian Morales y su esposo, el inefable pastor Carlos Alonso Lucio para impedir la adopción igualitaria, so capa de proteger a la familia y los derechos de los menores reformando el artículo 44 de la Constitución, que establece que todo niño tiene derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, -que no dispone que tenga que ser heterosexual exclusivamente sino homosexual como ya lo dejó sentado la Corte Constitucional-; que no es más que pretender arrasar con el concepto vigente de democracia por razones politiqueras y religiosas, y por supuesto con nuestra misma Constitución.
La senadora Vivian Morales que se dice liberal y perteneciente al Partido Liberal –bueno, en este país para godos algunos liberales-, ha asumido una posición ultramontana con los ingredientes politiqueros y religiosos de que hace gala el inquisidor Ordóñez quien debía ser su jefe político, para impulsar un referendo que busca desconocer los derechos de las minorías que por supuesto no puede tener cabida en nuestro Estado social y democrático de derecho, por lo que su tramitación resulta un desgaste legislativo inútil porque será ineluctablemente fallido, siendo incomprensible que el Senado con participación de integrantes que también se dicen liberales como los de Cambio Radical, haya dado viabilidad a este esperpento antidemocrático y violador de derechos fundamentales, que se sabe, de ser aprobado, no podrá pasar el control previo de constitucionalidad en la Corte pues ya se pronunció sobre el tema siendo el máximo intérprete de la Carta, pero axialmente porque ataca el concepto de democracia que se edifica en el respeto y protección de los derechos de la minorías que no pueden ser desconocidos por las mayorías.
Si estuviésemos en vigencia de la Constitución confesional de 1986, sería válido el argumento de Morales para liderar un referendo de esta naturaleza con el argumento de la prevalencia de las mayorías, pero con la Constitución actual que consagra un Estado laico, el concepto de democracia se entiende como representativo y participativo, donde las decisiones que adopte el Estado así sea con entibo en esas mayorías, no puede desconocer que nuestra sociedad está integrada por minorías que deben gozar del derecho a la igualdad, por lo que las decisiones que adopte no puede arrasarlas, porque ello equivaldría a dejar en letra muerta la esencia de nuestra Carta Política y por supuesto el mismo bloque de constitucionalidad que nos obliga a acatar y a cumplir los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Así las cosas, no es más que una pérdida de tiempo el trámite del proyecto de ley que por desviadas razones impulsa la “liberal” senadora Morales, lo cual debe tener en cuenta el Congreso que debe ocuparse de tantos otros menesteres legislativos que verdaderamente necesita el país, pues de convertirse en ley, inexorablemente será declarado inconstitucional por la Corte Constitucional como ya lo ha advertido, por pretender aplastar los derechos de las minorías y la misma esencia de nuestra Constitución democrática y de libertades.
