Los contratos oficiales que comenzaron a regir el 13 de noviembre del 2021, fueron suspendidos como consecuencia de vigencia de la ley de Garantías cuya modificación es inconstitucional.
Eso implica, los dineros que hacen parte de los $52.3 billones y ya entregados, deberán retornar al erario.
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La decisión de la Corte Constitucional, mediante fallo aprobado por 8 de los nueve Magistrados, señala que la Reforma a la Ley de Garantías, aprobada por el Congreso de la República en el 2021 dentro de la votación del presupuesto general de la Nación, se tramitó por fuera de los parámetros que establece la Constitución.
La ley de Garantías es norma estatutaria, su modificación debe efectuarse mediante una similar y no con un artículo incluido dentro de otro proceso legislativo, como erróneamente lo concibió el Gobierno Nacional.
De interés: Libertad de expresión
En otros términos, una ley estatutaria solo podrá modificarse con un trámite de la misma categoría, y no con una reforma.
La decisión de la Corte Constitucional, deja vigente la Ley de Garantías que volverá a operar tal como estaba trazada hasta finalizar el año 2021.

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