Por Marcos Silva Martínez.

Colombia acumula más de 200 años de supuesta vida independiente, democrática y soberana. Pero sus gobernantes, desde entonces y hasta hoy, no han querido, ni al menos intentado, estructurar un modelo político-económico y de gobierno y un marco legal e institucionalidad, fundamentados en real soberanía y justicia social, que permitan y faciliten lograr y garantizar un nivel de desarrollo socioeconómico integral de la nación. 

Toda la problemática, económica, social, fiscal, judicial, política, educativa, tecnológico-científica que padecemos los colombianos, es consecuencia directa del irresponsable, inmoral y mediocre ejercicio del poder político-institucional, dominado y usufructuado siempre, por élites económico-sociales y sus incondicionales secuaces. Son causa y esencia de la Politiquería, el clientelismo y corrupción en que vegeta el poder público.

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Esas fatales condiciones y circunstancias de la historia de Colombia, engendraron caos y anarquía en todos los niveles de la institucionalidad nacional y propiciaron la suma de factores que hacen que Colombia figure entre las naciones, de mayor inequidad socioeconómica en el planeta, con mayores índices de concentración de la riqueza y capital, desplazamiento forzado, pobreza, informalidad, desempleo, subempleo y criminalidad. Todo colombiano con sentido de responsabilidad social y dignidad y responsabilidad humana, debe entender que es inadmisible e intolerable continuar bajo tales condiciones.

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Son realidades evidentes que deben obligarnos a renunciar al letargo social y al conformismo insensato y a tomar parte en el que hacer social y político. 

La diversidad de hechos delictivos cotidianos, que se registran en toda la geografía nacional, el evidente ascendiente alcanzado por las mafias de todo tipo, la corrupción y la impunidad, en las altas esferas del poder público y económico, son la causa y prueba inocultable del caos y la anarquía que padecen los colombianos y de la absoluta irresponsabilidad social y política de quienes ejercen funciones de poder institucional. 

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El ejercicio del poder público, cada vez es más errático, irresponsable, deplorable y perverso, política y socialmente.

Día tras día crece la inseguridad ciudadana y el crimen. Mientras la crisis socioeconómica y la inseguridad ciudadana se desbordan, el Presidente sale de paseo a Europa o a cualquier otro lugar del planeta, a vociferar sandeces o pontificar estupideces y a demostrar su mediocridad e irresponsabilidad política y social. Quizá esté convencido de que, de esa manera, en el corto y mediano plazo, con sus actitudes y desfachateces, propicie el fracaso de los acuerdos de paz suscritos con las FARC.

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Los gobernantes investidos de poder, a través del voto, se dedican a hacer lo que sus intereses personales y sus secuaces le señalen. Los usufructuarios del poder, desde siempre han hecho del poder político y económico, un instrumento de enriquecimiento personal y de sus allegados.

Piénsese sobre los resultados del gobierno de Uribe y el consolidado balance del novelón de la seguridad democrática. Con más de 6.402 asesinatos de humildes desempleados, cuyo único delito consistía en ser pobres y desempleados. Similar a lo que ocurre con el actual gobierno y los líderes sociales, defensores de los derechos humanos y el festín de la corrupción y la impunidad, en todas las instancias del poder. 

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Las grandes decisiones, sobre el desarrollo de la nación, se adoptan por leyes. Con el caos y anarquía en los órganos de poder, las leyes son concertadas y transadas según las conveniencias del poder y las élites, entre el legislativo y el ejecutivo. Para nada cuenta el pueblo, en la aprobación de las leyes.

Para responder a tan indignante y perversa realidad política-social colombiana, es imprescindible aprobar y desarrollar profundas reformas.

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Sobre régimen tributario, gasto e inversión pública. Sobre financiación, acceso y calidad de la educación. Sobre sistema de salud, financiación, calidad y oportunidad de la misma. Sobre redistribución del ingreso y construcción de equidad socioeconómica. Sobre contratación pública. Sobre reforma a la justicia, depuración y transparencia de la misma. Sobre democratización accionaria de empresas. En resumen, es un imperativo comenzar ya, la reconstrucción integral de la nación.

Podemos anticipar que esa reconstrucción, que debe soportarse en un marco legal institucional acorde con lo que la gravedad de la situación nacional que demanda, resultará muy difícil o imposible lograrlo a través del Congreso.

Para lograr el propósito y objetivo de rescatar a la nación del caos y anarquía en que está sumida, el pueblo debe recurrir al ejercicio de su soberanía, como constituyente primario, mediante plebiscitos, referendos y consultas populares. Los que sean necesarios.

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Es menester precisar que solamente eligiendo un presidente que sepa interpretar los propósitos de las mayorías y crea en la necesidad y derechos de un desarrollo integral de la nación, puede ser posible la reconstrucción integral de la nación.

Un gran plebiscito se debe convocar mediante voto popular, con papeleta adicional, en las próximas elecciones presidenciales de mayo de 2022, previa petición de conteo electoral, a la Registraduría Nacional.

Es la alternativa que le queda al pueblo, después de más de 200 años de ejercicio de irresponsabilidad política por el Congreso y los sucesivos gobiernos.

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A través del congreso, nunca se puede esperar nada bueno para el pueblo.

Es menester analizar las circunstancias, hechos y consecuencias, de las  decisiones y ejecutorias, de los gobiernos de los últimos doscientos años, para entender las causas de la pobreza, la miseria, el desempleo, la inseguridad y la violencia que campean en Colombia y que si no se erradican   correcta y oportunamente, se catapultará la inequidad socioeconómica con  sus reales consecuencias, atizadas, en el presente, por las  inevitables consecuencias  fiscales, económicas y sociales, generadas por la pandemia del  COVID 19.

La institucionalización y racionalización de la equidad socioeconómica exigen decisiones de fondo, de parte del gobierno. La solución no la podemos esperar de los gremios económicos, ni del Congreso, ni de los politiqueros. Todos ellos son responsables del problema. 

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La solución demanda mucha racionalidad, conocimiento y equilibrio mental y emocional, para poder proyectar el futuro nacional, con acierto.

La equidad fiscal-tributaria, salarial, pensional y socioeconómica en general, deben ser soportadas y protegidas con disposiciones legales concretas y efectivas para blindar el ordenamiento legal contra la corrupción, la politiquería y la inmoralidad crecientes. Es un desafío que puede convertirse en realidad, con voluntad y responsabilidad política y social, del gobierno y la comunidad nacional.

En las próximas elecciones para presidente de la nación, todo ciudadano consciente de sus responsabilidades sociales y éticas, debe votar únicamente por quien se comprometa a rescatar y reconstruir la nación. Debe profundizar las promesas, que todos las hacen pero que el 99% está convencido que no las debe cumplir. Entre todos los candidatos en conquista de votos, solo uno podría cumplir, si es capaz de no sucumbir ante las presiones y halagos de los dueños exclusivos de las riquezas de Colombia.