Por Eduardo Gutiérrez Arias.

Las macabras prácticas de los “falsos positivos” a través de los cuales miembros de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, ordenan a sus subalternos reclutar a jóvenes de familias pobres supuestamente para realizar trabajos legales, los llevan a zonas guerrilleras, les ponen uniforme militar, los asesinan y luego los presentan como guerrilleros muertos en combate, para ganarse estímulos económicos (dinero), medallas, ascensos y dar la imagen de que se está ganando la guerra, sólo es posible en Estados con herencia Nazi. 

Si uno busca en Wikipedia este tema encontrará un extenso artículo sobre la materia, donde se plantea que estas prácticas comenzaron en las Fuerzas Armadas Colombianas hacia el año de 1978, pero tuvieron su mayor auge en los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y 2010, en que se estima que las víctimas de “falsos positivos” llegaron a 5.763 personas. Lo peor es que a pesar de las denuncias nacionales e internacionales reiteradas, el fenómeno se sigue presentando, entre otras razones porque como lo sostiene el documento aludido, la impunidad ronda el 98.5% de los casos. En octubre del año pasado un grupo de jóvenes bogotanos realizó un mural de denuncia sobre estos “falsos positivos” en la que incluyeron la pregunta “Quien dio la orden?”, y en donde aparecían las imágenes de 4 generales y un coronel. Al día siguiente el ejército tapo el mural con pintura e instauró una denuncia contra los autores.

La grave acusación que hizo hace 15 días la revista Semana, por chuzadas, de los organismo de inteligencia y contrainteligencia del ejército contra parlamentarios de la oposición, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas e incluso altos oficiales en servicio activo,  las cuales al parecer tenían como beneficiario de la operación de inteligencia al senador Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del partido del Presidente de la Republica e investigado por la Corte Suprema de Justicia, nos estaría indicando que ese partido quiere convertir a la inteligencia militar del Estado en una especie de Gestapo a su servicio. Todo esto nos demuestra lo urgente de una verdadera depuración en las Fuerzas Armadas de elementos proclives al fascismo como también un cambio en la doctrina militar de las fuerzas armadas, como se ha hecho en muchos otros países después de concluida la guerra fría. La defensa del Estado Social de Derecho pasa por la reforma tanto de la doctrina como de la institución militar.