Por Eduardo Gutiérrez Arias.

Las fundaciones “Forjando Futuros” y “País y Reconciliación” de las que hace parte el investigador en temas agrarios Ariel Ávila, concluyó recientemente un estudio sobre el tema de la guerra y la tierra en los últimos 54 años en Colombia, donde la principal fuente documental para la investigación fueron 3.761 sentencias judiciales que reposan en juzgados del país, referidas a este tema. El resultado es que de las 6.000.000 de hectáreas despojadas a cerca de un millón de campesinos en este periodo, el 50% se hizo sobre predios menores de 3 hectáreas, el 25% en predios entre 3 y 10 hectáreas, el 21%, en predios entre 10 y 50 hectáreas. Si el 96% de las fincas despojadas tenían menos de 50 hectáreas, fueron los campesinos pobres, no los latifundistas, los grandes afectados y damnificados por esta violencia, contrario a cuanto han sostenido los terratenientes de Fedegán dirigidos por José Félix Lafaurie quien dijo que “La restitución (de tierras) no es sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”.

¿Quiénes fueron los causantes de este desalojo de tierras? En el 55% de los casos, grupos paramilitares, el 24% los combates entre el Estado y la guerrilla o entre los paramilitares y la guerrilla, el 13% la guerrilla, el 7% no definido y el 1% el Estado. De manera que de lejos, los grandes despojadores de las tierras no fueron los guerrilleros sino los paramilitares. Un dato sintomático del tipo de guerra rural vivida en estos 54 años es que cuando se habla de combates que generan masivas migraciones campesinas, sólo aparecen aquellos entre el Estado y la guerrilla o entre los paramilitares y la guerrilla y no hay registro de combates entre el Estado y los paramilitares. Eso está demostrando que el Estado y sus fuerzas armadas no los combatieron.

¿Quienes se quedaron con las tierras de los campesinos despojados? Los políticos tradicionales, terratenientes y empresarios agrarios, el Fondo Ganadero de Córdoba, el exmagistrado Pretelt y en general personas ligadas al poder del Estado. Todos ellos creen tener la garantía de la impunidad. De hecho la comisión quinta del Congreso fue copada por sus agentes para impedir que la norma sobre la devolución de tierras a campesinos despojados pactada en los acuerdos de La Habana se cumpliera. A la fecha, de los 6.000.000 de hectáreas usurpadas, sólo se han restituido 237.679, menos del 4% del total.