Por Melquisedec Torres.

El gravísimo episodio de la captura de los concejales por los presuntos sobornos pagados y recibidos para elegir a la Personera y el Contralor de Neiva es la evidencia clara de que los llamados organismos de control desde hace mucho rato perdieron su vocación, justamente de control, y se convirtieron en una mercancía de poder, en una piñata de la que todos sacan sus juguetes, incluyendo a los concejales, a los alcaldes y a los contratistas. En cada pueblo, en cada ciudad, es un secreto a voces que los tales concursos y convocatorias para elegir, supuestamente, a los mejores candidatos solo son una fachada para negociar por dinero cada voto de los concejales, diputados y congresistas. Como acaba de ocurrir con la sonada elección del Contralor General de la República.

Y desde 1991, cuando la Asamblea Constituyente tuvo la infeliz idea de otorgarles derecho a honorarios a los concejales, empezó a convertirse este cargo en un empleo, en una forma de vida propia, que durante décadas en Colombia era una digna y honesta forma de servirle uno a su municipio. Los concejales no eran pagados y las sesiones se hacían de noche porque los concejales seguían en sus trabajos normales de día. Pero después de que apareció el dinero, los concejos perdieron a sus mejores representantes, a la gente digna y honesta le empezó a dar pereza meterse en esas peleas de plata y entonces los concejos se los tomaron grupos de corruptos elementos que tienen sus curules como empresas mafiosas, que cobran por cada voto, que manejan contratistas y que le ponen precio a la elección de funcionarios.

Hace ya 20 años que Neiva vivió un episodio similar, por la repartición de dinero para la concesión de aseo en el gobierno de los alcaldes Plazas Alcid y el hoy difunto Gustavo Penagos. Terminaron condenados unos concejales, funcionarios y gente de la empresa Aseo Total.

Y ahora se amplía el espectro de la corrupción pues aparecen implicados no solo los concejales sino también la Personera, el Contralor, el funcionario de la Universidad Surcolombiana que manejó la convocatoria y el tipo que, según la Fiscalía, puso y repartió la plata. Un tal René Cantillo, muy amigo de casi todos los políticos del Huila, muy cercano al exgobernador Carlos Mauricio Iriarte y al senador Rodrigo Villalba, financiador de esas y otras campañas. Este Cantillo es un reconocido empresario del café, de esos que se nutren del trabajo de nuestros caficultores y se enriquecen como intermediarios, también fue aportante en dinero de la campaña del alcalde Rodrigo Lara Sánchez.

Y en esta línea vale decir que salen afectados casi todos los partidos: La U, el Liberal, el Conservador y los Verdes. Y estos últimos, según ellos mismos paradigmas de la honradez y de la decencia, son los principales protagonistas. Están capturados dos de sus miembros, el concejal Carlos Sterling y el diputado Oscar Urueña, este último que era concejal cuando se armó esta trapisonda. Y los dos funcionarios electos, Contralor y Personera, aunque no militantes, sí muy cercanos a los Verdes; y el financiador de los sobornos, Cantillo, también financiador del Alcalde. ¿Y a quién beneficia que un Contralor Municipal y una Personera Municipal sea de los afectos o cercanos al Partido Verde? Pues al mismo Alcalde del Partido Verde, a quien esos dos funcionarios deben vigilar. ¿Qué tanto han vigilado al gobierno de Lara? Por lo que se ha visto, muy poco. Casi nada relevante.

Y fuentes de mucha credibilidad me dijeron ayer que esta investigación, que ya lleva 2 años y 9 meses, estuvo frenada por presiones de muy alto nivel de gente del Partido Verde en Bogotá. Que las decisiones de imputar delitos estaban listas hace muchos meses y las dilataron justamente por esas presiones.

Todo, todo en este episodio es terrible, es vergonzoso, es un mensaje de los peores a la sociedad. Los cargos públicos convertidos en mercancías por 12 millones de pesos por cabeza. Una verdadera empresa criminal que lesiona en lo más profundo la poca confianza que se puede tener aún en los servidores públicos.