Si Duque es consecuente con lo que dijo en campaña, debería construir sobre lo construido

Por Marcos Silva.

En las elecciones del 17 de junio ganó la propuesta y proyecto de gobierno más difícil o imposible de articular, con las condiciones políticas y socioeconómicas de la nación.

Hay realidades que han alcanzado niveles críticos y que exigen ser superadas para alcanzar un desarrollo socioeconómico integral. Es una condición imprescindible para derrotar la pobreza, la miseria, el desempleo, y estructurar una institucionalidad y un marco legal capaces de garantizar orden y justicia social efectiva.

Esta encrucijada no se resuelve con posiciones y reformas contrarias a los legítimos intereses de las mayorías nacionales.

Durante la campaña, el electo presidente expresó el propósito de reformar los acuerdos concertados y firmados con las FARC. Él y sus partidarios ahora arremeten contra los  órganos constituidos para el desarrollo de los acuerdos con las Farc, en particular contra la JEP. En el proceso de definición y constitución de ese órgano judicial de transición en el Congreso, el uribismo hizo lo imposible por impedir su constitución y ya constituido, y por descalificar la calidad de los magistrados seleccionados. Probablemente obedece a que entre sus funciones está esclarecer la verdad y determinar responsables.
Ese órgano judicial debe desenmarañar la verdad y determinar responsables de los crímenes cometidos durante décadas de existencia del conflicto. Masacres, desplazamiento de campesinos, despojo de tierras y las ejecuciones extrajudiciales, el asesinato de miles de ciudadanos, presentados como guerrilleros. A demás, Colombia tiene el récord del mayor desplazamiento y de refugiados internos en el mundo: más de seis millones. Resolver ese trauma social es parte integral de la solución del conflicto.

La obsesión de destruir o modificar los cimientos legales del proceso de paz legalmente aprobado y reconocido internacionalmente puede corresponder al miedo de enfrentarlo, como lo expresó el presidente de la Corte Suprema, cuando les dice: “No hay que tenerles miedo al proceso de paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, (ELTIEMPO.COM, 20-6-2018). “Al fin y al cabo, la JEP ya está dentro de la institucionalidad y cuenta con desarrollos constitucionales y legales. Además tiene que ofrecer resultados a corto plazo. Le diremos que tenga en cuenta esas razones”, sostiene Barceló.
De forma similar se pronunciaron los presidentes de la Corte Constitucional (Sentencia C-674 del 2017) y el Consejo de Estado (“los jueces, por definición, defendemos la ley, la Constitución y lo que hace parte de ella como corolario de los acuerdos de paz. Ese es nuestro papel”).
Debe existir coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Durante la campaña electoral, el electo presidente a diario coreaba la frase que “donde se construye, no se destruye, el futuro es para todos”. Si es consecuente con ese predicado y ante la realidad de su elección y de los desafíos que debe asumir, debería construir sobre lo construido.
El texto de los acuerdos con las FARC fue construido durante un largo periodo de análisis de hechos y antecedentes, de confrontación de criterios y objetivos y de decantación de posiciones.

De acuerdo con el contenido teórico, político, económico y social del texto de los acuerdos, si ellos se cumplen a cabalidad, con las previsiones hechas, no puede haber duda de que permitirán, en el mediano y largo plazo, recomponer y construir la ruta del desarrollo integral, para hacer de Colombia una nación donde todos sus ciudadanos puedan mejorar sus condiciones de empleo, de ingresos, culturales y de convivencia, condiciones imprescindibles para vivir en paz y con dignidad humana.
Lo reprobable del error humano radica en no reconocerlo y persistir en él. Y es lo que el nuevo gobierno debe evitar a toda costa, en aras del interés general de la nación.
Los acuerdos sobre la solución del conflicto son hecho cierto, que todos deben apoyar, y el Gobierno aplicarse a fondo para optimizar los procesos e impedir que enemigos de la paz obstaculicen, tergiversen o lo impidan. En particular, debe ser blindarlo contra la politiquería, el clientelismo y la corrupción, que tan extendida está en diversas ramas del poder y drena cuantiosas sumas del erario.

Si el contenido de los acuerdos se cumplen a cabalidad, no puede haber duda que permitirán en el mediano y largo plazo, construir la ruta del desarrollo integral  del desarrollo socioeconómico que los colombianos requieren y merecen legítimamente.