Una de las fuentes de la corrupción son los proyectos extractivos minero energéticos, agronegocios y de infraestructura (Vías de la 4G).
Fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ahora la DEA (y no la Fiscalía de Martinez) las instituciones que presionaron a Odebrecht para que cantara quienes recibieron sobornos, coimas, para la adjudicación de contratos como la Ruta del Sol II, Navelena, entre los pocos que se conocen, hasta destapar la olla podrida de miembros de las Altas Cortes, según conversaciones grabadas por DEA que «revelan cercanía entre Bustos y Moreno», como uno de los casos.
La Fiscalía debiera investigar las concesiones mineras otorgadas durante el gobierno de Álvaro Uribe, «En los ocho años que gobernó el ex presidente, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas». Para Guillermo Rudas, una de las razones del incremento de la actividad minera obedeció a «las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales para que explotaran estos recursos. Según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año. Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras».
http://lasillavacia.com/historia/18648
Pero también se deben investigar las concesiones de los proyectos de la «locomotora minero energética» del presidente Santos y las obras de la 4G de Vargas Lleras en relación con el detrimento patrimonial de la Nación para favorecer a empresas contratistas.
Asombra como la «cultura mafiosa» está enraizada en todas las instituciones del Estado y, más grave aún, en las Cortes responsables de «administrar justicia».
Indigna como magistrados, jueces actúan con celeridad en judicializar y sentenciar a Defensores del Territorio, por solicitud de las empresas transnacionales, por ejercer el legítimo derecho de protestar contra la imposición de la política minero energética y los proyectos de represas, fracking, minería que se adjudican a nombre de la utilidad pública y la «confianza inversionista» a través de sobornos, coimas utilizando además la violencia contra las comunidades que son despojadas de sus bienes y destruyendo el Patrimonio Ecológico y cultural de la Nación.
¿Cuándo el fiscal corporativo Martínez investigará estos crímenes y ordenará la indemnización de los daños causados a las «victimas del desarrollo?
