La modernización del Código de Extinción de Dominio, que modifica la Ley 1708 de 2014, gira en torno a dos ejes fundamentales: permite que el Estado persiga económicamente a los criminales y, amplía el concepto de crimen organizado, para contrarrestar cualquier organización delictiva.

La iniciativa pretende que el Estado aspire a una enajenación temprana de bienes susceptibles de extinción de dominio por más de 4 billones de pesos y agiliza todo lo relacionado con estos procesos, respetando los derechos fundamentales de los afectados y garantiza mejor manejo de los recursos.

«El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Hacienda recomiendan la enajenación temprana para que el Estado pueda entrar a disponer de manera casi inmediata de los bienes incautados.  En este momento existen procesos de extinción de dominio que llevan décadas sin definirse. El proyecto de ley plantea que los procesos duren meses o días (dependiendo de la colaboración de los afectados).

La Fiscalía General de la Nación busca que los bienes que estén afectados puedan destinarse a la justicia premial, es decir, a beneficiar a quienes contribuyan de manera eficaz con la extinción.

La implementación de la enajenación temprana se le quita al Estado el problema de administrar tantos bienes y de diferentes naturalezas; elimina la posibilidad de que existan escenarios y contextos de corrupción en la administración de los bienes; permite tener acceso de manera muy rápida a recursos líquidos que serán destinados a la lucha contra el crimen; agiliza el proceso y, establece que la etapa de notificaciones solo se desarrollaría cuando el proceso esté en conocimiento de los jueces, lo que generará prontitud y eficacia