La Jurisdicción Especial para la Paz, imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad, a 27 comparecientes de las extintas Farc-EP.

La dision de la JEP se hace por atentados, masacres, homicidios, desapariciones, desplazamientos, violación, violencia sexual y otros hechos como tomas guerrilleras que afectaron a la población olvidada de Colombia.

En la justicia ordinaria, en el 97% de estos crímenes no había condenas y en casi el 90% estaban en etapa preliminar.

Por primera vez, la justicia colombiana pudo atribuir responsabilidades individuales por estos crímenes, esclareciendo patrones de hechos de los bloques Sur y Oriental de las extintas Farc-EP.

Los integrantes vivos del Secretariado y de quienes tuvieron mando en el sur y oriente del país rinden cuentas ante la justicia por estos crímenes.

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Con esta decisión, la JEP responde a 2.436 víctimas de estos bloques que por años fueron olvidadas: campesinas y campesinos, docentes, líderes comunales, comunidades de fe, mujeres, y también victimas militares y policiales, quienes se acreditaron en la JEP en busca de verdad y justicia.

Según relataron las víctimas, los campesinos vivieron a la merced de un gobierno guerrillero despótico que fue especialmente cruel cuando no dependía de la economía y el apoyo campesino para subsistir, pues tenían las armas y la financiación del narcotráfico.

La decisión también aborda hechos que marcaron la historia del país, como el atentado en el Club El Nogal, la casa bomba en Neiva, Huila, y asesinatos de figuras nacionales como Álvaro Gómez Hurtado.

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Los comparecientes deberán decidir si reconocen o no responsabilidad por la imputación de la Sala. Si aceptan, serán convocados a una audiencia pública donde deberán admitir su responsabilidad frente a las víctimas, la justicia y el país.

Si la Sala encuentra que los comparecientes aportaron verdad y cumplen con el régimen de condicionalidad los enviará al Tribunal de Paz para que les imponga una sanción de trabajar en favor de las víctimas.

Si los comparecientes no reconocen su responsabilidad, la Sala podrá enviar sus procesos a la UIA de la JEP. Por esa vía, de ser hallados responsables, tendrían que pagar penas de hasta 20 años de cárcel.

Esta es la primera imputación del Caso 10 de la JEP, en el que se investigan los crímenes más graves y representativos cometidos por la antigua guerrilla que no se abordan en otros macrocasos de la Jurisdicción.

Esta decisión también presenta la primera imputación conjunta con el Caso 11 (subcaso 01) que la violencia de género y sexual cometida por integrantes de las antiguas Farc-EP contra civiles.