Por Aníbal Charry González.

En este país, donde los altos funcionarios de Estado comenzando por el Presidente, viven expresando públicamente su fe religiosa invocando vírgenes y santos para encomendarlos con el fin de que resuelvan los problemas nacionales ante su impotencia o incompetencia para hacerlo, explotando por supuesto la creencia mayoritaria de la sociedad en la fe católica que acude a lo mismo a sabiendas de que nada pueden resolver porque hemos estado llenos de tragedias y males colectivos que persisten históricamente no obstante la consagración a Dios, a vírgenes y a santos, resultaba pertinente que la Corte Constitucional se pronunciara al respecto en guarda de los derechos contenidos en la Constitución.

Y en efecto lo ha hecho en sede de revisión, a raíz de una tutela interpuesta contra la vicepresidenta Martha Lucia Ramírez que había consagrado el país a la Virgen de Fátima en las redes sociales utilizando su investidura y distintivos oficiales para que nos protegiera del COVID 19 – y miren como nos está yendo-, precisando como correspondía que esta actitud inveterada está proscrita por la Constitución que consagra un Estado laico que tiene libertad religiosa y de cultos, haciendo un llamado a los altos funcionarios del Gobierno para que no vulneren estos derechos, evitando hacer este tipo de publicaciones que desde luego ofenden la pluralidad religiosa y de cultos.

Ha dicho con acierto la Corte como máxima instancia de protección de los derechos fundamentales: ´´los altos funcionarios del Gobierno nacional desconocen el principio de laicidad y los derechos fundamentales a la libertad religiosa y de cultos y la libertad de conciencia, cuando utilizan las cuentas personales de redes sociales para promover, adherir o identificar al Estado con una religión en particular y se demuestra que el mensaje tiene un carácter oficial´´, ratificando la neutralidad religiosa del Estado que no puede ser soslayada por los altos funcionarios que lo representan para tratar de separar su condición para asumir que se trata de convicciones personales.

Recordemos que ya lo había hecho el presidente Duque, sabedor del efecto populista que tiene en un país de fanáticos religiosos al hacer mención inútilmente a la Virgen de Chiquinquirá, y por eso resultaba necesario el pronunciamiento de la Corte en el caso de la vicepresidenta, que promovió y se identificó con la religión católica violando la Constitución desconociendo el Estado laico y los derechos fundamentales mencionados, y de contera la estricta neutralidad en asuntos religiosos, que mucho me temo no será la última vez que se haga, pues los altos funcionarios del Gobierno saben que es más rentable para ellos acudir a esas consagraciones e invocaciones inútiles que explotan la fe religiosa, que cumplir con la Constitución y la protección de estos derechos fundamentales, como que también saben que a eso es a lo que acuden la mayoría, así sepan también que nada resuelven esas invocaciones convertidas en simples muletillas que se repiten hueramente, sin que podamos solucionar en la cruda realidad que hemos padecido y padecemos, los graves problemas y tragedias que históricamente hemos tenido, sumidos en la corrupción y la violencia.