Por Marcos Silva Martínez.
El caos institucional, moral, económico y social es inocultable. Y es imposible revertir y superarlo, bajo el marco institucional legal y estructura de poder vigente, coadyuvados por la actitud permisiva de la sociedad.
Las instituciones públicas y Órganos de Poder, están cooptados por la politiquería y el clientelismo y bajo esa condición, al servicio exclusivo de los usufructuarios del poder público, político y económico.
Es la situación que explica el por qué, cada gobernante resulta peor que el anterior y por qué, ninguna reforma socioeconómica equitativa logra ser aprobada.
Las reformas positivas en lo económico, social y jurídico que radiquen para su aprobación, son modificadas por el congreso, según sus conveniencias y después de aprobadas, pueden ser desaprobadas o condicionadas por la Corte constitucional.
¿Y cómo eligen a los magistrados? Por nominación y designación de poder superior, intrigas, palancas y conveniencias. Contrario a lo que debería ser: Debe ser únicamente por méritos académico-jurídicos, examen de antecedentes, conocimientos y cumplimiento de requisito de edad.
Los magistrados deberían ser totalmente ajenos, a las tendencias del poder de turno. No ocurre. Observamos cómo las Cortes reflejan cada día más conservadurismo en toma de decisiones y modificaciones jurisprudenciales, como consecuencia de la renovación de sus integrantes, tendencia acentuada desde el plan de desprestigio y persecución que les declaró el gobierno de Uribe, quien a pesar de múltiples y graves investigaciones, sigue disfrutando de total impunidad. Sin duda son efectos de la penetración de la politiquería, el clientelismo, la inmoralidad y corrupción, en el poder.
Los diabólicos hechos de inmoralidad, irresponsabilidad política y social, corrupción y festín de recursos públicos, en que están incursos individuos como el ex -Fiscal General de la nación, magistrados, contratistas nacionales y extranjeros, ministros, jefes de gobierno, entre otros, tipifican la debacle institucional, moral, económico y social, cuyos efectos llegan a todos los sectores sociales, pero con mayor dureza a los más pobres.
Lo que denominan clase política, prefiere guardar silencio cómplice calculado, desde el mismo Presidente de la República, a la espera de que los beneficios de la impunidad institucional, protejan, absuelvan y reivindiquen al sindicado.
En lo económico-social, conocemos el ataque que el poder hace a las economías más débiles (IVA, retenciones), para cumplir las promesas de campaña, a los ricos. La entrega del patrimonio público a particulares, a través de ferias de privatizaciones a favor de particulares y de endeudamiento público confiscatorio. De esta manera, la deuda pública externa e interna, la deuda contingente y por vigencias futuras, ya supera el 100% del PIB. El servicio de la deuda pública interna y externa, supera $66.4 billones en 2019 y supera el 56% del PIB. El gobierno tiene oído sordo, al clamor y reclamos justos de las mayorías, mientras festina el patrimonio y presupuesto público
