Por Marcos Silva Martínez.

Corrupción e Impunidad, son consecuencia del caos ético,  moral y la anarquía institucional y política  que convirtieron en festín el ejercicio del poder público. Así ningún presupuesto alcanza.

El caos institucional, ético y moral se  magnifica y evidencia en todos los órganos de poder y constituye garantía de impunidad.

Las  altas cortes, congreso, órganos de control, etc., están permeados de venalidad, intereses rastreros, politiquería y corrupción.

La corrupción es evidente en la institucionalidad nacional,  regional, local y descentralizada.

El  régimen pretende descrestar al público con paños de agua tibia. Reforma de la Ley 80/83, ley 1150/2007, estatuto anticorrupción, Pliego Único. Maquilladas instituciones para  la contratación como FONADE, Compra Eficiente, SECOOP, Patrimonio Autónomo (Mineducación), entre muchas otras falacias. Pero la corrupción y la impunidad crecen como espuma.

La contratación pública es el filón excepcional. Desde ahí se reparten el botín presupuestal. El gobierno, se niega a poner orden, siendo posible,  porque esa es la fuente que abastece a politiqueros, populistas  y clientelistas.

La vía expedita es la contratación pública. El congresista, el diputado, el concejal, el gerente, el director y jefes corruptos,  no se untan en la negociación. Escuchan ofertas y reciben a través de terceros. En contados casos dejan huellas que los comprometan.  Los coequiperos y testaferros hacen su oficio con maestría. La impunidad, hace el resto.

 Si no se robaran los recursos públicos, los gobiernos poden atender oportuna y satisfactoriamente las necesidades de la comunidad e impulsar el desarrollo integral. Salud, educación, infraestructura, PAE, recreación, fenómenos naturales, servicios públicos, etc.

Desafortunadamente la comunidad en general, se habituó a convivir con la corrupción y la impunidad. Hay silencio cómplice e impunidad social generalizados.

Por eso toda la nación es rehén de las mafias de todas las calañas, que saquean el presupuesto público, imponen burócratas y los sostienen.

La impunidad supera el 97%, con más de 2.8 millones de procesos represados o engavetados.  ¿Cuántos jueces y abogados litigantes, coadyuvan o explotan ese caldo de cultivo?

Revertir y cambiar este estado caótico es prácticamente imposible, mientras prosiga la politiquería de la componenda mezquina para asegurar intereses personales.

Con facilidad los electores, reeligen a los mismos o a sus pupilos, sin importar que su hoja de vida sea un prontuario delictivo, en muchos casos.

La jungla jurídica, en la que se parapetan ciertos jueces, litigantes, burócratas y violadores de la ley, debe ser depurada y actualizada, de acuerdo con la gravedad de los hechos. ¿Quién se atreve a hacerlo?

El contagio se posesionó en las altas esferas del poder.  Ahí reina la politiquería y la corrupción. A ello obedecen los bandazos de las ponencias e incoherencia de  sentencias, en muchos casos. Preteles, Escobar Giles, Robertos prietos, Ricaurtes, Bustos, buenos muchachos, negociadores de testigos, etc., a granel

Los llamados choques de trenes, entre las altas cortes, son choque de intereses.

En toda Latinoamérica la corrupción está presente, pero en algunas naciones, algo opera la justicia y hay expresidentes condenados o judicializados o prófugos. En Colombia, ¿cuántos delincuentes de cuello blanco disfrutan la impunidad y acosan y atacan la institucionalidad? Es aberrante. Bastan algunas referencias: el diabólico poder corruptor de Odebrecht. La impunidad colombiana los protege. Actitudes y resultados de la Fiscalía, al respecto, producen asco. Y en muchos otros es similar. ¿Y el Gobierno?. Se dice que el que calla otorga.

Bajo el imperio de la delincuencia de cuello blanco,  en connivencia con burócratas y politiqueros de diferentes rangos y camuflados, es imposible esperar un futuro próspero y civilizado para Colombia.

¿Cuánto pierde el erario público por corrupción?

Procuraduría, Contraloría, Oeneges, han precisado que Colombia pierde anualmente más de $50 billones por corrupción. ¿Cuánto podría desarrollarse la nación con ese dinero robado?

Es el gran desafío de todo ciudadano responsable política y socialmente, para evitar elegir delincuentes y así,  convertir su voto en próximas elecciones, en instrumento de condena para sí mismo, sus semejantes presentes  y generaciones futuras.

Asambleas, Concejos, Alcaldías, Gobernaciones, generalmente son un desastre y los candidatos están en la pista.